La mentira de la postverdad

No podía imaginar que hasta la Real Academia de la Lengua caería engañada por sus propios objetos de estudio al incluir, en nuestro diccionario, el término postverdad. La mentira de la palabra de origen anglosajón hace honor a su significado. El término se las trae. Viene del inglés post truth, literalmente, postverdad o después de la verdad. Empezó a usarse por cronistas políticos y de eso no hace ni veinte años. Pero el lenguaje político enseguida arraiga en las sociedades modernas gracias a los medios de comunicación. Y como se usó mucho durante la campaña del Brexit en Gran Bretaña y durante la campaña electoral que dio la presidencia de Estados Unidos a Donald Trump, pues aquí están los políticos españoles manoseando el término. Una frivolidad que nos va a salir muy cara, como tantas otras antes.

El DRAE va a definir postverdad como aquella información que apela a las emociones, creencias o deseos del público. En fin, que a la hora de hacer creer a un tercero algo o de modelar la opinión pública, los hechos objetivos tienen menos importancia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales. Sean estas verdaderas o falsas. Y esto es lo que hace el debate político –donde se fragua el término y su uso generalizado-: se dirige a las emociones y los hechos quedan ignorados. La verdad queda oculta de manera intencionada. Y de esta forma se consigue el relativismo absoluto. De aquí al caos hay un paso. Porque las referencias verdaderas –hechos objetivos y demostrables- son necesarias para el buen gobierno y la buena vida personal.

El ámbito político lo utiliza mucho, seguramente para tapar todas sus incongruencias y principios traicionados, y ganarse el favor del público prometiéndole lo que desea, aunque esos deseos sean imposibles, pasajeros o falsos. Se ha escrito mucho de la postverdad en el ámbito del independentismo catalán. Donde puede más el sentimiento y el deseo de algunos de independizarse que hasta falsean la verdad histórica para sentirse seguros de que están en la verdad.

Otro ejemplo actual de postverdad ha sido la jornada de 35 horas instaurada en Andalucía por el gobierno regional. Era sabida su inconstitucionalidad –entre otras cosas por sentencias contrarias ocurridas en otras comunidades autónomas-. Pero el ejecutivo andaluz decidió seguir adelante porque la jornada reducida es algo que desea cualquier trabajador. Desde el punto de vista emotivo es un punto a favor del gobierno, pero la realidad es que no era factible llevar a cabo esa medida. La prueba ha sido la sentencia del Constitucional anulando la orden de las 35 horas. Ejemplo clarísimo de postverdad: los hechos se dejan a un lado y el mensaje emotivo es el que manda.

Lo único que nos hace libres es la verdad. Piénsenselo un poco. Y sobre todo recapaciten los políticos y los medios de comunicación que en su esencia siempre ha estado la búsqueda de la verdad. Si hay un derecho fundamental que salvaguardad ese es el de la libertad. Por eso es tan importante la verdad. La postverdad es la mentira. Emotiva, pero mentira.

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Abusadores sexuales

Cientos de cantantes de ópera revelan abusos sexuales en Suecia; detenidos dos pedófilos en España con 5.000 fotos de abusos a niñas; condenado el médico del equipo olímpico de gimnasia de Estados Unidos por abusar de más de un centenar de gimnastas; la revista Time ha elegido personalidad del año a quienes han roto el silencio sobre el acoso sexual en Hollywood; el líder de la Manada declara que es habitual que una mujer quiera sexo con “2 o 3 hombres” que acaba de conocer… Son titulares de prensa de estos dos últimos días. Y reflejan situaciones muy reales, demasiado cotidianas y extendidas, extraordinariamente traumáticas para quien las sufre, vergonzosas –además de delictivas- para quien las comete; situaciones no suficientemente denunciadas por la sociedad porque todavía se ocultan. ¿Quizá no hay suficientes personas con valor, honestidad y principios capaces de tirar la primera piedra?

Una de cada cinco niñas es víctima de abusos sexuales en España. Otro titular de hace unos días. Lo denunciaba la escritora María Martínez-Sagrera con ocasión de la presentación en Sevilla de su última novela “Infancias Rotas”. Aunque lo viene diciendo desde hace semanas por toda España, cuando inició un gira de presentaciones. Más datos impactantes con dardos que perforan el alma: cerca del 20 por ciento de los adultos ha sufrido abusos sexuales en su infancia; más del 75 por ciento de los abusos se producen en el ámbito familiar y el resto, en su mayor parte, en ámbitos de confianza. Ahí están los equipos de gimnasia, los rodajes, los coros, parroquias, academias, equipos de trabajo o deportivos, empresas…etc. Para decepción de algunos –aunque igualmente detestable-, en el ámbito clerical es residual en comparación con otros ambientes, tan grande es la ola de vicio abominable desatada en todo el mundo y de difícil justificación.

Las heridas causadas en un niño o niña por abuso sexual en el entorno familiar son conocidas medicamente, pero no reconocidas socialmente (quizá a alguien le interese que permanezcan así). De ahí surgen traumas y desorientaciones sexuales en altas tasas, pero todo es curable.

No basta con denunciar estas atrocidades, pero es necesario. Ni con meter en la cárcel a sus autores. Ni con apartar de sus cargos públicos o privados a quienes cometen estos abusos. Algunos o muchos, son enfermos; todos, desorientados; otros, déspotas, pervertidos o débiles.

Hay que ir a la raíz del problema para que se pueda evitar tanto dolor. La falta de conocimiento de la condición humana, de su dignidad como varón y mujer e incluso de su trascendencia está en el origen de estos males, y es ahí donde hay que aplicar la medicina. La inmoralidad que impera  en no pocas leyes educativas o de carácter social; lo que se muestra en películas, juegos digitales, revistas, espectáculos, programas de televisión son comportamientos desordenados imitados por los más jóvenes que no tienen argumentos para evitarlos porque nadie se los ha enseñado. Ni en su casa. Ni en clase.

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Nacionalismo financiero

El futuro modelo de financiación autonómica para las comunidades autónomas es el actual caballo de batalla para los partidos políticos y para los gobiernos de las autonomías, quienes se juegan su futuro más inmediato, bien porque necesitan más dinero bien porque no quieren perder los recursos que ya disfrutan. Aunque estaba en el calendario del gobierno de España alcanzar un acuerdo en estas fechas, la ola separatista catalana ha despertado el efecto contrario en las comunidades que no gozan de mecanismos propios de financiación: todas menos País Vasco y Navarra. Era cuestión de tiempo que estallaran en contra de ese modelo al considerarlo insolidario e injusto. El cupo vasco solo satisface a los nacionalistas vascos y a los vascos en general, que les va muy bien. Pero son la envidia de los soberanistas catalanes que reclaman algo similar y son la cabeza de turco de las comunidades peor financiadas, como Andalucía, Valencia o Murcia.

El modelo que salga requerirá de mucho ingenio y criterios justos y proporcionados. Pero mucho me temo que los políticos sepan poco de qué trata eso de la justicia distributiva, que sería la única vía de entendimiento para llegar a un acuerdo equitativo. Mientras los peor financiados apelan a la solidaridad para recibir más dinero, las comunidades ricas –generadoras de más recursos por la mayor actividad económica en relación a su población- apelan a su mayor capacidad de generar dinero para satisfacer todas sus necesidades antes de repartir a los demás los recursos sobrantes. Los más ricos son Madrid, Cataluña o La Rioja.

Mientras que los gobiernos de las comunidades autónomas miran para sí mismos, el gobierno de la Nación ha de mirar al conjunto del país buscando un equilibrio territorial y el desarrollo de todo el país, pero sin minar la capacidad de recursos de las autonomías que pueden financiar al resto, pues sería como matar las gallinas de los huevos de oro. Y las comunidades que reciben recursos de las demás, como Andalucía, tendrán que demostrar que saben gestionar con eficiencia el dinero que por solidaridad se les da, pues en caso contrario nadie estaría dispuesto a darle ni un duro.

El nacionalismo financiero que parecen querer ejercer en estos momentos las comunidades autónomas no es precisamente la solución para el nuevo modelo de financiación autonómica, sino más bien su cementerio. Hay que pensar como país. Por eso iniciativas de tipo populista o electoralista como la del PSOE en Cataluña de que se condone parte de su deuda o de que tenga autonomía para la recaudación de todos los impuestos, lo único que hacen es tensar mucho una cuerda que puede romperse por muchas partes. Y si el gobierno de la Junta de Andalucía hace igualmente proclamas amenazantes de mayor solidaridad sin mayores justificaciones también tensa la cuerda y le saldrán imitadores por doquier. Y así, entre todos la matamos.

Es hora de poner en valor la profesionalidad de los distintos ejecutivos para sumar un proyecto común en el que todo el mundo tendrá que ceder y esmerarse en lo suyo, a sabiendas de que quien no llora, no mama.

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El 21 D en Andalucia

Todos sabemos que las elecciones en Cataluña que se celebrarán el 21 de diciembre serán extraordinariamente decisivas. Tanto para el futuro de la comunidad catalana como para la  configuración del Estado y otros posibles efectos colaterales, no pequeños, como por ejemplo una fracción en el actual gobierno de la Junta de Andalucía, fruto del acuerdo entre el PSOE de Susana Díaz y Ciudadanos. Porque, ¿qué sucedería si ganara la candidata de Cs, Inés Arrimadas, y el PSOE no pactara con ellos ni con el PP como ha dicho Pedro Sánchez? Veamos.

El 21 de diciembre es jueves. Un modo de facilitar que acuda más gente a votar, como parece que será. El gobierno y los partidos constitucionalistas han preferido, al parecer, que sea el voto ciudadano quien decida arreglar los efectos de la deriva independentista en Cataluña. No sé si lo han hecho así por miedo a arreglarlo ellos antes de una consulta o porque confían demasiado en que ganarán las elecciones. Pero desde luego, mucho tienen que arreglar, y no se hace en dos telediarios.

Ese pensamiento de unidad constitucionalista frente al independentismo parece haberse roto –como también la unidad separatista- por la mitad, porque Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ha manifestado no tener ninguna intención de facilitar el gobierno de la Generalitat a la candidata de Cs, Inés Arrimadas, si fuera el partido más votado…de entre los constitucionalistas. Y todo apunta a que esta mujer medio andaluza y medio catalana será la más votada por los no independentistas. Lo que no sabemos con certeza es si la postura de Sánchez es una nueva invención de las suyas (entiéndanse salida típica de iluminado) o estrategia de política de barrio (entiéndase que toda mentira vale con tal de ganar) o es que realmente tiene en mente poder gobernar en coalición con ERC, como ya hizo en el pasado, y Podemos. Y eso con tal de que no gane quienes están a su derecha, es decir, Cs y PP. De las grandes decisiones de Estado volvemos a las navajadas de barriada; a las bajas y cortas miras de personas enfermas de espíritu.

Dado que es improbable que nadie consiga una mayoría absoluta, lo seguro es que haya que pactar para formar gobierno. Si el  PSOE rompe con el bloque constitucional y se une a ERC, lo más probable es que sea el fin de ellos mismos en Cataluña; que no se mueva nada en la Generalitat para limpiar todo aquello que huela a sectarismo separatista; y que el Cs de Rivera revise su política de pactos con el PSOE, lo que influye directamente en el gobierno de la Junta de Andalucía, donde podrían convocarse elecciones anticipadas. Lo cual no es descartable en absoluto. Y pensando en plan política barriobajera, incluso Pedro Sánchez estaría encantado de que así fuera. Y, comprobarán una vez más, que el problema de gobernanza de este país no está tanto en los nacionalismos como en la falta de altura de miras de los partidos constitucionalistas.

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Chequeo a la educación

Andalucía es la Comunidad Autónoma que más alumnos escolariza en el régimen general, en concreto, 1.247.768, de los cuales un 74,8 por ciento lo hace en centros públicos: 582.829 en primaria, 379.839 en secundaria obligatoria, Bachillerato con 144.769 alumnos y 140.331 en Formación Profesional. El peso público de la enseñanza es mayor en Andalucía que en la media nacional, que es del 68 por ciento. La privada representa en la comunidad solo el 5 por ciento, un punto y medio menos que la media. El porcentaje de alumnos extranjeros está también por debajo de la media nacional, que está situada en el 8,5 por ciento, frente al 5,1 por ciento en Andalucía. Y, para terminar esta relación de datos, la inversión pública por alumno en Andalucía fue de 4.510 euros (última cifra conocida de 2014, con previsión al alza en siguientes años), frente a los 4.629 euros del año 2009. Un gasto por debajo de la media española y tan solo más alto que la comunidad de Madrid.

Estas cifras tienen como fuente la obra “Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español 2017”, realizado por las fundaciones Ramón Areces y Sociedad y Economía, presentada y comentada recientemente en el think tank de innovación educativa de la Asociación de Empresarios del Sur de España, Cesur. Y sencillamente no tiene desperdicio porque recoge información estadística de Europa, España y Andalucía. Los datos hablan por sí mismos, con lo que ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Un servidor tan solo les mostrará las cifras. Seguimos.

Un dato curioso, el número de ordenadores por alumno es de 2,1 en Andalucía. La media española es de 2,8. En Cataluña es de 3,4 y en Madrid la tasa es de 5,5 alumnos por ordenador. Me muerdo la lengua, cuando conocemos que la tasa de abandono educativo temprano (no termina los estudios secundarios) supera el 22,5 por ciento en Andalucía, cuando la media de la Unión Europea es del 10,7 por ciento.  La tasa de repetición es muy alta: a los 15 años casi un 40 por ciento de los alumnos ha repetido un curso. Y el 59,9 por ciento de los andaluces completa la segunda etapa de la educación secundaria, cuando la media europea está en el 80 por ciento. En positivo, los niveles de incorporación a educación infantil son altos, como la media española, al llegar a escolarizar el 98 por ciento de los niños a los 5 años.

La tasa de empleo es directamente proporcional al nivel educativo de los ciudadanos de un país y una comunidad autónoma. Por desgracia, Andalucía se encuentra en el anteúltimo puesto del ranking por comunidades autónomas en esta correlación, solo por delante de Ceuta y Melilla. En conclusión, hay mucho trabajo por hacer para mejorar la calidad educativa de nuestros jóvenes si queremos que mejore nuestro nivel socioeconómico y de empleo. Y no se puede seguir con las mismas políticas de hace 25 años, porque es evidente que no funcionan. Mucho ánimo y profesionalidad para los nuevos responsables educativos de la comunidad.

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Querida presidenta

Como sabe, desde hace más de un mes, se han venido sucediendo traslados de  empresas que tenían su sede social en Cataluña a otros puntos de la geografía española. En concreto llegan ya casi a 2.500 empresas. Estas compañías se han visto obligadas a emigrar a otras zonas sin conflicto social y económico, buscando seguridad jurídica y, sobre todo, la supervivencia de la empresa. Muchas grandes empresas han buscado refugio en Madrid. Es natural. Solo las 62 más grandes han tenido un impacto económico directo sobre la economía catalana de 11.540 millones, lo que representa el 5,6 por ciento del PIB catalán, según distintos expertos reconocidos.

De todas esas empresas que han emigrado, tan solo han recalado en Andalucía, según tenemos conocimiento, cuatro compañías. Pastas Gallo a Córdoba; San Miguel (un filial industrial sin apenas impacto) y Sanantur (una pequeña clínica estética) a Málaga; Uxafarma, otra pequeña farmacéutica, a Sevilla. Gallo ha trasladado su domicilio a la localidad cordobesa  donde se ubica su fábrica más grande. Un paso natural.

Se puede imaginar que, para quienes deseamos ardientemente –como usted- que Andalucía de un salto cualitativo y cuantitativo de una vez hacia la generación de riqueza y empleo, estas cifras son ridículas para nuestra tierra. Ni si quiera la empresa cárnica Faccsa, cuyas instalaciones de matadero se encuentran en la localidad malagueña de Cártama, ha querido trasladar su sede social a Andalucía, pues la tenía en Gerona por lazos familiares. Y lo ha hecho a Madrid. Seguro que tiene una explicación. Y me temo que es de carácter fiscal, y más en concreto, tendrá que ver con el impuesto de sucesiones y donaciones. Pero sigamos, querida Susana.

Mi intención al dirigirle estas letras es compartir con usted la reflexión del por qué no hay muchas más empresas catalanas que quieran venir a instalarse a Andalucía. Y qué podemos hacer para hacer atractiva nuestra tierra a aquellos que buscan un lugar donde instalarse.  Y que más puede hacer la Junta de Andalucía en este sentido. No es que vayamos a robar a Cataluña empresas. No. Es que se quieren ir. Y nada tiene de malo ofrecer cobijo al peregrino. Ahora bien, si lo tratan mejor en otros lugares que en Andalucía, pues lógicamente no vendrán aquí. Y en esta cuestión, como en otras, la demostración de si somos atractivos o no, se demuestra con números. Y los números no nos acompañan. Y eso que el coste de la vida es menor que en otros lugares.

Quizá tendríamos que ofrecer personal cualificado, del que carecemos. Y eso en el ámbito industrial, es fundamental. Se –y es de agradecer- que se están multiplicando los esfuerzos por impulsar la FP Dual y tendremos una ley al respecto a finales de año. Otra cosa que nos falta es una oferta fiscal más interesante. Es una pena que en su gobierno no entiendan que esto beneficia la atracción de empresas. En todo caso, me tiene a su disposición –y conmigo muchísimos empresarios- para lo que necesite. Con mis mejores deseos.

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Repensar la Democracia

Gracias a Dios que hay personas con la suficiente lucidez como para traer a colación a estas páginas y a otras, reflexiones sobre nuestro joven sistema político que hemos dado en llamar, democracia parlamentaria, analizando sus vacíos, bondades y olvidos. Por desgracia cuando las cosas van medianamente bien, nadie se plantea arreglar nada. Pero cuando surgen los problemas de verdad, primero que se detectan demasiado tarde para solucionarlo de forma rápida y eficiente; segundo se buscan los culpables; y tercero, se piensa como arreglamos el marrón con el mayor consenso posible y sin pisar demasiados cayos. Que es lo que estamos viendo en Cataluña. Al final, como no actúan los políticos cuando tienen que actuar con responsabilidad, viene el imperio de la ley –aprobada por los parlamentarios del Congreso y Senado- y los jueces la aplican, sea para bien o para mal de la política. Que es lo que estamos viendo en Cataluña.

La democracia tiene separación de poderes. Ni mucho menos total, pero al menos se puede decir que sí. La democracia reside en la mayoría popular. Ni mucho menos se traduce luego en las urnas y en la formación de gobiernos, pero se puede decir que sí. La democracia te puede llevar al gobierno del país a la persona más desastrosa del mundo y someter a los demás por el voto de una mayoría. La democracia puede consentir partidos que atenten contra los valores democráticos por no se sabe qué razón, capaces de lapidar la propia democracia. Increíble, pero cierto. La democracia puede meter en la cárcel a un pringao o a un pez gordo, pero dejar fuera a un cuello blanco. Tiene muchas otras cosas buenísimas, y por eso la queremos en términos generales. Pero tiene demasiadas debilidades y es demasiado permisiva. Y, sobre todo, es vulnerable al relativismo imperante. A lo que todo el mundo entiendo por corrección política, que es una manera de tragarse los sapos y no resolver los problemas. Mientras no se tenga a la Verdad como objeto de legislación y decisión, seguiremos dando bandazos y permitiendo todo. Incluido el independentismo. Al tiempo.

Una de las cosas más importantes que habría que repensar en democracia, es el papel que queremos que jueguen los políticos. Son ellos los que tienen la capacidad de gobernar y legislar. Son ellos los responsables absolutos de la administración de los impuestos que pagamos. Son los putos amos, con perdón. Los que nos llevan hacia el precipicio o los que nos llevan hacia el progreso. Los que abusan del encargo recibido para beneficio propio y de su partido, o los que trabajan realmente para el bien común de todos.  La sociedad civil organizada y plural ha de tener la capacidad de movilizar un nuevo ordenamiento que coloque a las personas mejor preparadas en la punta de lanza de la política. Es decir, se trataría de profesionalizar la política y a los políticos. De premiar a los mejores y expulsar a los peores. Así de sencillo. Por el bien general. Cuantos disgustos nos ahorraríamos los españoles.

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El nuevo mapa económico español

La inestabilidad política que vive Cataluña ha provocado en cuestión de días, que más de 500 empresas hayan decidido, en un primer paso, cambiar su domicilio social y fiscal a otras comunidades autónomas, fundamentalmente a Madrid. Más significativo aún es que el movimiento se ha producido entre las grandes compañías, que son las que cotizan en el mercado de valores. Y esto produce un efecto contagio de grandes dimensiones, pues de la gran empresa depende el trabajo de muchas pequeñas y medianas empresas que quieren seguir trabajando con ellas. Al fin y al cabo, son el sustento de su actividad y de sus trabajadores. Y con las cosas de comer no se juega.

Los dueños, proveedores y clientes de esas grandes compañías –CaixaBank, Segur Caixa, Banco Sabadell, Planeta, Axa, Bimbo, Catalana de Occidente, Edreams, Abertis, Colonial, Cellnex, Aguas de Barcelona etc.- han visto peligrar su seguridad jurídica, de financiación y de mercado ante el arrebato independentista. Y aunque en muchos casos, el primer paso ha sido el cambio de domicilio –que supone tributar fuera de Cataluña, lo cual ya supone una suma importante-, de seguir la situación hacia una proclamación de independencia, el siguiente paso podría ser trasladar la actividad fabril. Cuyas consecuencias serían del todo funestas para la economía catalana.

Este movimiento empresarial hacia Madrid –y en menor medida hacia la Comunidad Valenciana- puede provocar una nueva configuración socioeconómica del mapa español donde se observará un peso importantísimo de la Comunidad de Madrid frente a una recesión de la comunidad catalana. Y eso también puede afectar a la financiación autonómica, cuya revisión está ahora mismo encima de la mesa del ministerio de Hacienda. Pero también afectará, sin duda, al sector inmobiliario, a las infraestructuras, al transporte etc. Es decir, que si el grueso de las empresas instaladas en Cataluña deciden finalmente trasladar su actividad a Madrid, la configuración de España sufrirá algunos cambios notables.

Imagínense que si alguna de esas grandes compañías se trasladasen a Andalucía –tan solo lo han hecho una filial industrial de Mahou-San Miguel y las clínicas estéticas Sanantur, ambas a Málaga- el impacto económico se repartiría más y mejor en el conjunto del Estado. Y ya que muchas empresas están de salida voluntariamente, no estaría de más que el gobierno de Andalucía hiciera un esfuerzo por acoger a quien lo desease. Pero para eso, hay que estar preparados fiscalmente, administrativamente, logísticamente y con una fuerza laboral preparada. ¿Estamos preparados para esta labor de acogida?

Tal sería el impacto, que incluso cobraría mucho más sentido activar de manera decisiva el corredor central ferroviario desde Algeciras hasta Madrid, ya que la capital de España va a ser, sin duda, el centro neurálgico empresarial del país. Da vértigo incluso hasta escribir este nuevo diseño socioeconómico de España, pero es más que posible. Y hay que estar preparado. Y todo por un sueño quimérico irreal de unos pocos que trasladaron a otros muchos.

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La tibieza política

La tibieza solo es buena para medir la temperatura del agua para bañarse. Por lo demás, nunca mejor que en este momento, se puede traer a colación esa sentencia evangélica: como no eres ni frio ni caliente estoy como para vomitarte de mi boca. La situación que estamos viviendo en Cataluña provocada por el Gobierno de la Generalitat requiere de respuestas y decisiones a la altura de la gravedad de los hechos que están acaeciendo. Lógicamente corresponde a los tres poderes establecidos en la Constitución tomar esas decisiones. Es en el terreno político donde, precisamente, no se está dando la claridad y unidad necesarias. Es en el partido socialista que dirige Pedro Sánchez donde la tibieza o el cálculo en sus posiciones, se ha apoderado de sus mentes inseguras o faltas de una idea clara de su papel y de la idea de España en este momento. Con las salvedades claras del socialismo andaluz y extremeño, expresados por sus dos máximos líderes.

Nada podemos esperar del partido que dirige Pablo Iglesias, siempre propenso a ir contra todo y contra todos, salvo con ellos mismos. Su única estrategia es hacerse notar, sin ningún ánimo de construir, porque en su filosofía política prima la destrucción, como buenos leninistas. Y la vanidad, como buen narcisista. Pero no se puede esperar lo mismo de un partido socialista que forma parte de la historia reciente de España y ha vivido en sus carnes tantos avatares políticos. Que la formación de Pedro Sánchez no tenga otra ocurrencia que la de intentar reprobar en estos momentos a la vicepresidenta del Gobierno, es tan vil políticamente como inútil de cara a presentar soluciones para parar esta espiral independentista que está resquebrajando la sociedad catalana.

Señor Sánchez. Bájese de la demagogia. Es hora de actuar y tomar decisiones. Nadie es perfecto. Y se podrán cometer errores en una situación tan compleja. Pero hay que posicionarse del lado de la democracia constitucional y de la unidad. Ya habrá tiempo para construir, pero eso será después de cortar la sangría de irracionalidad y sufrimiento que la Generalitat está provocando. Haga las cosas más fáciles para el Gobierno y para todos los españoles. Súmese a la mayoría sin condiciones. Es la hora de los grandes políticos y de las grandes decisiones, como corresponde a tomar por los cuernos un problema gravísimo.

Es difícil de saber si el Gobierno debería de haber actuado antes o no, y de qué forma. Si a estas alturas del conflicto no hay un consenso político mayoritario, antes ni pensarlo. Pero una vez escuchado el parecer del Jefe del Estado, todo está mucho más claro. Y el señor Rajoy y su gobierno han de actuar sin más demora. Sin tibiezas. Sin quedarse a medio camino. Sin miedo a contristar. Las cosas no se arreglan sin esfuerzo y sufrimiento. Es de hecho, la piedra de toque de que la herida curará. Escuchen al Alfonso Guerra sereno hablando sobre esta cuestión. Más claro, agua. Con todas sus chanzas, es una mente experimentada y preclara. En él se puede decir que, como el vino, mejora con el tiempo.

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El millón de euros

El precio que el PSOE ha tenido que pagar para que la Junta de Andalucía tenga presupuesto en 2018 asciende a 83 millones de euros. Este es el montante que supone a las arcas públicas elevar el mínimo exento del impuesto de sucesiones y donaciones al millón de euros. Pero solo de padres a hijos. Nada de hermanos, tíos o sobrinos. Es una lectura, cruda, pero cierta del acuerdo alcanzado entre Ciudadanos y PSOE de Andalucía para que el primero pueda cumplir su promesa electoral y el segundo pueda seguir gobernando. Aunque también se puede decir que, algo de justicia se ha hecho, cuando el partido naranja ha conseguido doblegar al PSOE y se terminara con un impuesto a todas luces antinatural y causante de mucho sufrimiento. Sin duda el Partido Popular es quien más se ha volcado en estos últimos tiempos en la derogación del impuesto de sucesiones, pero quien tenía el poder de hacerlo eran sus colegas de Ciudadanos.

En todo caso, el resultado es satisfactorio para el conjunto de la sociedad. Y, lógicamente, eso es bueno. El  PSOE siempre ha defendido que este impuesto era un gravamen para los ricos y en sus filas no veían con simpatía su abolición. Quizá el concepto de riqueza, valorado por la Junta en 175.000 euros hasta la llegada de Ciudadanos, luego en 250.000 euros por heredero y ahora en 1 millón de euros, sea bastante discrecional. O simplemente, oigan, si no hay más remedio que cambiar el concepto y entrar por el aro, ya que está en juego seguir gobernando la Junta de Andalucía, pues adelante. Se cambia lo que haya que cambiar. Y no es que esto se haga solo en nuestra tierra. Se hace en todos sitios. También en el gobierno de España, que hace sus concesiones a partidos menores para aprobar los presupuestos.

Son cosas de la política, dirán. Todo depende del cristal con el que se mire. Y claro, así podrán comprender ustedes que los catalanes independentistas digan que en democracia tienen todo el derecho a votar, cuando los catalanes no independentistas y el resto de España diga que el desafío independentista es un ataque a la democracia. Llegado este punto, quizá, puedan pensar que no son cosas de la política, sino que son cosas de la falta de política, que ha renunciado a los principios y a la verdad de las cosas, por el gobierno de las cosas a cualquier precio. Y cuando el principio es gobernar a cualquier precio, lo demás es relativo. Y es aquí donde nos encontramos; en el puro relativismo.

A pesar de la buena noticia sobre la eximente de pagar impuestos por heredar un millón de euros, queda sin resolver el principio fundamental: los bienes que uno posee, lo son a perpetuidad y se han pagado por ellos. Nadie tiene derecho a quedarse una parte de los mismos por el simple hecho de donar a un tercero o por que se hereden. A un hijo, a un hermano o a quien le la gana. Se trata de un intervencionismo del Estado injustificado e insoportable para las libertades. Seas rico o seas pobre. O los principios están claros o siempre los políticos gobernantes podrán arrebatarnos lo que quieran. Porque su bandera es el relativismo. Y ese es nuestro mal.

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