Educación sin pacto

Hay tanto o tanta cabeza hueca al frente de las políticas educativas que, sinceramente, es preferible que ni nos planteemos un pacto español –o andaluz- por la educación. Porque si no,  se aplicaría sin remedio aquello de que es peor el remedio que la enfermedad. El antepenúltimo ejemplo que describe esa realidad es el de la autorización de la Junta de Andalucía para que los centros puedan aprobar a los alumnos del último año de la ESO con dos asignaturas suspendidas en el mes de junio. Sin esperar a los exámenes de recuperación de septiembre. Si ya es un despropósito de la política nacional que se acepte pasar con dos asignaturas pendientes, el colmo de la desidia, la mediocridad y la indiferencia es asumir ese fracaso escolar antes del verano para que las estadísticas mejoren.

Más razones nos dan los jefes supremos de la Consejería de Educación para pensar que el modelo ni funciona ni se aplica con sentido común, cuando se afirma que desde el ministerio de Educación no se han dado normas precisas que eviten dar el aprobado en junio. Es decir, que en Andalucía bajamos el nivel de exigencia académico mientras no se diga lo contrario. Que los pobres chavales ya tienen bastante sufrimiento emocional con los dos suspensos, como para chincharles el verano. La nueva consejera de Educación, que es profesora si no recuerdo mal, sigue echando balones fuera cuando afirma que debemos confiar en los profesores a la hora de cuándo dar las evaluaciones, pues son ellos los que conocen a sus alumnos. Sin duda así es, pero a los profes les dan las cosas tan hechas que no tienen margen de maniobra. Vamos, que están tan contentos, que hasta asociaciones de profesores y directores de instituto ha denunciado esta situación. Tan contentos, que la Junta de Andalucía tiene que nombrar a dedo a muchos directores de centros porque los profesores no quieren asumir esa responsabilidad, tan sujeta a la arbitrariedad política.

No. Con la mediocridad instalada en el gobierno de la cosa más importante que una persona se lleva para toda la vida y de la cual vivirá, es preferible que no se haga ningún pacto educativo por la educación. Ni en España ni en Andalucía. Primero tendremos que demostrar los políticos, los profesores y los padres, que somos capaces de sacar adelante un proyecto educativo ilusionante, que sea cualitativamente interesante, donde exista por igual libertad y responsabilidad suficiente en todos los niveles de decisión y de educación. Donde prime la profesionalidad y la razón científica, y se dejen en la puerta de la escuela la política, el compadreo, lo políticamente correcto (insostenible científicamente), las estadísticas, las modas y las consignas. Donde el centro de la atención y dedicación esté en el alumno, los padres y los profesores.  Cosas bien sabidas pero que faltan llevar a la práctica. ¿Queremos una Andalucía mejor? Cuidemos a los profesores y seamos exigentes con su formación,  dedicación, retribución y libertad de acción.

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Puertas giratorias andaluzas

Las puertas giratorias del castillo de la Junta de Andalucía permanecen con el correr de los años como si de bienes culturales protegidos se trataran. Pasan los años. Pasan los presidentes. Pasan los consejeros. Pero siempre hay un puesto donde guarecerse para aquellos escuderos fieles o molestos que es necesario compensar o acallar con el dinero de todos los andaluces. Un puesto superfluo, sin duda, porque cualquier puede hacerse cargo del mismo. Y un dinero también superfluo, porque no tiene nada de productivo. Y, sin embargo, ¡qué gran contraste! Desde el propio gobierno andaluz se exige más dinero a los andaluces y al Gobierno de la Nación para hacer realidad el sueño de la igualdad para todos, cuando esa misma realidad es injusta e indiscriminada, solo apta para unos pocos elegidos. Se le quita el dinero a los herederos andaluces –conseguido con el sudor de la frente durante generaciones por una clase trabajadora- por el capricho de una ideología irreal, para mantener a unos pocos afortunados, también herederos, pero no de un trabajo esforzado durante décadas, sino de un sistema que premia a los suyos y, por ende, castiga a todos los demás, dentro y fuera de las fronteras de Andalucía. Nada ha cambiado. ¿Para qué si funciona? ¿Para qué si nadie protesta? ¿Para qué si a mí no me afecta? Conformismo. Egoísmo. ¿Demasiados vientres agradecidos?

La práctica tan criticada por todos los partidos políticos –y la sociedad- de recolocar a los altos cargos de un gobierno en otros puestos bien remunerados cuando dejan el cargo al que accedieron sigue muy actual. Tras la remodelación del gobierno de la Junta de Andalucía por Susana Díaz, cinco consejeros salieron, y cuatro consejeros han sido recolocados y seguirán cobrando del erario público. Mis felicitaciones por la coherencia del exconsejero de Justicia, Emilio de Llera, quien ha vuelto de donde fue sacado, la fiscalía. Esto debería ser lo ordinario y lo justo. Porque uno va a la política a servir, no a servirse de ella para su propio ego. O bolsillo. Cierto que algunos exconsejeros no necesitaban de ese nuevo cargo, como José Sánchez Maldonado o Adelaida de la Calle, ambos provenientes de la Universidad. Y no pongo en duda sus capacidades. El caso de los exconsejeros de Sanidad y Agricultura, a dirigir la Agencia de la Energía y el Puerto de Almería, es pura compensación política. Pero es muy difícil de entender para el ciudadano corriente y moliente. Y, desde luego, si queremos mejorar la calidad y la salud de nuestro sistema democrático, estas prácticas deberían ser una excepción.  Y, sin embargo, la excepción es que no vuelvan a ocupar cargos en puestos de segunda fila o en el consejo asesor de un organismo de la Junta o en el Consejo Consultivo. Buenos sueldos y una vida tranquila. Todo ocupado por ex.

Hace escasos días Iberdrola decidía aplicar un código de conducta estricto en las relaciones con los políticos. Ni regalos ni dádivas ni invitaciones. Hasta aquí hemos llegado. Una compañía que, efectivamente, fue protagonista de esas puertas giratorias. Pero, señoras y señores, el progreso se hace rectificando sobre los errores cometidos, no ahondando sobre ellos, porque a la larga es más rentable la honradez y la coherencia.

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El tamaño importa

El miércoles tenía una reunión con la secretaria general de Industria del ministerio de Economía, Begoña Cristeto, en la Delegación del Gobierno en Andalucía, en la que estábamos una representación de la Asociación de Empresarios del Sur de España, CESUR. Armado con una batería de medidas de tipo regulatorio, laboral y fiscal para favorecer el crecimiento de las empresas andaluzas, cuál fue mi sorpresa cuando la representante del gobierno nos comunicó que el ministro del ramo, Luis de Guindos, anunciaría al día siguiente una serie de medidas encaminadas, precisamente, al crecimiento de las empresas. Y, en particular –como así lo demandamos-, al aumento de tamaño de las pequeñas empresas, esas que se quedan en el umbral de los cincuenta trabajadores o que facturan menos de 6 ó 10 millones de euros.

El tejido empresarial español –más acentuado en Andalucía-, está integrado en un 95 por ciento por microempresas (menos de 10 trabajadores). Y un cuatro por ciento son empresas medianas (menos de 250 trabajadores). Solo un uno por ciento son grandes empresas. Sin embargo 3 de cada 4 empleos los aglutina la pyme.

En el estudio que presentó el ministro para anunciar esas medidas, se dice que el tamaño pequeño de una empresa dificulta la productividad. Es decir, que una pequeña empresa tiene muy difícil exportar, invertir en I+D+I, en tener acceso a financiación y contar con equipos gestores bien preparados. Esto habría que predicarlo de las pequeñas empresas en sectores tradicionales, porque las empresas de nueva generación parten con ventajas competitivas mayores. Pero lo cierto es que a mayor productividad mayor será la retribución media de los salarios. Y a mayor valor de la producción –algo que sucede fundamentalmente en el sector industrial-, también será mayor esa retribución. Esa productividad mayor también generará más empleo, indefinido y estable. De ahí el empeño en atacar con todos los medios a nuestro alcance la mayor productividad, el fomento de la industria y, por ende, el crecimiento del tamaño de las empresas.

Tal puede ser el efecto positivo del tamaño medio de las empresas en España, que si subiera unos pocos puntos, igualando a Gran Bretaña –cuya estructura del tamaño es muy parecida a la nuestra-, el efecto en el PIB sería de más de 7 puntos porcentuales. Y esto podría significar, al menos teóricamente, que conseguiríamos el pleno empleo en pocos años.

Las medidas que pretende iniciar ahora el gobierno, van encaminadas a la reducción y eliminación de las regulaciones vinculadas al tamaño de las empresas, donde se han encontrado 130. Demasiadas. Así, desde el punto de vista laboral, todo apunta a que el umbral de 50 trabajadores ascienda hasta 100, permaneciendo con las ventajas que se tenían. Asimismo, se apunta a un gravamen reducido en el impuesto de sociedades para todas las pequeñas. También se trabajará en la esperada unidad de mercado, donde la regulación de las Comunidades Autónomas es asfixiante. Sean bienvenidas estas reformas, tanto tiempo reclamadas. No se puede hacer palanca ni con un churro ni con un palito corto.

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El modelo de empleo

La jornada de 35 horas que la Junta de Andalucía reinstauró a los funcionarios públicos andaluces y que ahora el Gobierno de la Nación va a recurrir al Tribunal Constitucional –como ya hizo con otras comunidades que lo impusieron- para volver a las 37,5 horas que tienen todos los funcionarios españoles, no significa prácticamente nada para la creación de empleo, a lo sumo algunos contratos temporales. No es una opinión, es una constatación empírica de los datos oficiales. Por tanto, la presidenta de la Junta de Andalucía no tiene razón cuando afirma que “es un hachazo a la creación de empleo”, quitar esa jornada reducida que, por otra parte, a cualquier currante le gustaría tener.

La jornada de 35 horas es una medida electoralista y un instrumento político de la Junta –y de cualquier gobierno- para estrechar lazos con los sindicatos CC.OO., UGT y CSIF, quienes lógicamente, se han posicionado a favor de la presidenta. Faltaría más. El hachazo a la creación de empleo se lo viene dando a los cerca de un millón de parados actuales en Andalucía, las flojas políticas económicas –particularmente en el ámbito industrial- de la Junta en los últimos años, por no decir décadas. Si los niveles de paro estuvieran por debajo del 10 por ciento, significaría que Andalucía está generando mucha actividad económica y, por tanto, mucho empleo. Ambas cosas precisarían de un sector público mejor dotado para atender esas necesidades. Pero resulta que siempre se ha primado y mimado al sector público, que está sobredimensionado, y que un sector privado con menor peso en la economía que lo público, no puede seguir financiando a esos niveles si realmente se quiere generar empleo.

El informe presentado ayer por la Asociación de Empresarios del Sur de España, CESUR, elaborado por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide, es muy rotundo al afirmar que la estructura productiva de Andalucía sigue siendo prácticamente la misma que hace decenios. Con la salvedad de que se ha aniquilado al sector de la construcción por la crisis. Y una manera real de ver esto –y no la única- es constatar los empleados que hay en cada sector. Para empezar, todavía no hemos recuperado el número de personas empleadas que había en Andalucía en 2007, antes de la crisis. Y los sectores que están tirando de la recuperación del empleo son el comercio, la hostelería, sanidad y educación. Más lejos queda la agricultura y el transporte.

Dejando el sector público a un lado, la hostelería, la agricultura y el sector manufacturero, son los que están generando empleo en esta recuperación lenta de la economía. Por el tirón del turismo y las exportaciones del sector primario e industrial de los polos de Huelva y Cádiz, fundamentalmente. La construcción también está remontando por la iniciativa privada y se espera mayor tirón con el anuncio del gobierno, dado ayer, para invertir 5.000 millones en infraestructuras.

La única decisión política acertada que cabe para generar más empleo y más estable en Andalucía es apostar por la industria. No terminan de enterarse.

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Will you remember me, brexit.

Esas tartas de frambuesa; la mermelada de naranja; el aceite de oliva extra virgen; ese pedazo de uniforme mimético. ¿Y qué decir de esas tardes soleadas junto al mar mediterráneo? Productos de primera calidad y servicios turísticos que Andalucía pone a disposición de los británicos en sus mesas, en su trabajo diario o en sus vacaciones. Desde que nuestros vecinos del norte decidieron por referéndum –y por un margen muy estrecho- que querían dejar de pertenecer a la Comunidad Europea, la libra se ha depreciado cerca de un 14 por ciento frente al euro. Eso quiere decir que los exportadores españoles han perdido el 14 por ciento del valor de sus productos. De golpe. Por una decisión política. ¡Ay los políticos¡

Piensen únicamente en la frambuesa. Desde Andalucía se exporta la nada desdeñable cifra de 115 millones de euros, solo en este pequeño fruto. Pero si el plan del Brexit sigue su camino con el nivel de desconexión planteado antes de las elecciones británicas, habrá que pagar aranceles y otras tasas aduaneras por los productos que entren a las islas. Lo que significará que los costes aumentarían y los precios también. Y eso haría replantearse a la industria productora y a los exportadores toda su estrategia. Y más aún, si la Gran Bretaña decidiera crear su propio espacio comercial común con sus aliados de la Commonwealth.

El Brexit no va a ser ninguna panacea, ni para la empresa europea, española y andaluza, ni para la propia economía británica. Al menos por ahora y a los efectos del comercio puro y duro de bienes y servicios. Así coincidieron en manifestarse el director general del Grupo Iturri, Juan Manuel Iturri; el director comercial de Migasa, Antonio Gallego; y el Consejero Delegado de la Corporación MP, Eugenio Barroso, dentro de la sesión que CESUR, Asociación de Empresarios del Sur de España, dedicó esta semana a los retos de la empresa andaluza frente al Brexit de la mano de la consultora KPMG. “No supone ninguna oportunidad; más al contrario, hora mismo ya está suponiendo pérdidas por la depreciación de la libra y menor volumen de contratación por la incertidumbre”. Esta es la realidad.

Iturri tiene como principal cliente al ministerio de Defensa Británico, fundamentalmente por el suministro de equipos al ejército. El grupo Migasa es la primera empresa aceitera por volumen, cercana a los 900 millones de euros, y tiene mercado con las islas. Y Corporación MP, dedicada a la fabricación, venta y mantenimiento de elevadores, tiene una consolidada presencia en el mercado británico que ya ha visto mermar la contratación.

Andalucía es el primer destino turístico para los británicos, con 2,8 millones de visitantes el año pasado, más del 25 por ciento del total, y el primer comprador de viviendas extranjero en Andalucía. Las exportaciones andaluzas al Reino Unidos crecieron el año pasado el 1,5 por ciento pero están aumentando. La alimentación y bebidas suponen el 58 por ciento de la exportación de las empresas andaluzas. Solo esperemos que el Brexit duro se reblandezca con el paso de los días.

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La monarquia catalana

El presidente –rey inconfeso- de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha esperado que pasara la romería del Rocío de Terrassa, para anunciar que su gobierno tiene intención de convocar un referéndum el próximo día 1 de octubre para preguntar a los catalanes si quieren convertirse en una república independiente. Ya puestos a preguntar, debería de dar la libertad a los ciudadanos que viven en esa comunidad, de proponer otros modelos de estado: monarquía independiente, absolutismo independiente, república ácrata de los países catalanes, estado independiente de políticos oportunistas. En fin, algo más democrático.  Bromas a un lado, entiendo que este desafío al Estado español más que verborrea nacionalista barata es la mayor crisis institucional, social y política que vivimos desde que tenemos democracia en España.

Este es un problema que se ha generado desde las instancias políticas en el origen de la misma constitución española. Desde que se permitió a un grupo de personas hacerse fuerte en el aparato de un Estado autonómico para destruir desde dentro la propia autonomía, apoyando sus peticiones con dinero y más autonomía para hacer en su territorio lo que les viniera en gana a cambio de un apoyo político. El que vinieron dando los nacionalistas catalanes a los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP cuando estaban en minoría. La mala política es cortoplacista. No ve lo que hay más allá del muro. De esos polvos, estos barros.

Estamos ante una cuestión de Estado que importa tanto a Andalucía como a Cantabria o Cataluña. A un partido político u otro. A todas las instituciones del Estado. A todos los ciudadanos. Creo sinceramente que el señor Rajoy tiene razón cuando dice que el desafío independentista no es una cuestión que solo haya de solucionar el gobierno actual del PP. Es una cuestión de todo el Estado y como tal, todos deberían de arrimar el hombro para que se solucione pacífica y legalmente. Con madurez.  Muchos de los que han accedido a la noble práctica de la política en los últimos años han ejercido su parcela de poder con una frivolidad tan alucinante que han arrastrado a toda la sociedad a posicionarnos en cuestiones que ni hemos pedido ni hemos provocado ni queremos posicionarnos.

Escondiendo el estrepitoso fracaso de los gobiernos tripartitos catalanes, el iluminado Artur Mas optó por transmitir tensión política y mediática al pueblo catalán y español, alimentando animadversiones gratuitas e innecesarias, enturbiando sentimientos legítimos con la intención de manipularlos, incluso, falseando la historia, buscando los intereses particulares de los partidos independentistas. Desde una óptica nacionalista nos podrán decir que no nos metamos en asuntos que solo corresponde a los catalanes. Lo entendemos. Pero por la misma razón podremos decir a esos nacionalistas que no se apropien de algo que es de todos los españoles.

Hemos llegado a un punto en el que no podemos escondernos ante semejante desafío. No existe un derecho de autodeterminación como no existe el derecho a matar, por mucho que estén a favor un gran número de ciudadanos.

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El Popular

Lo que le está sucediendo al Banco Popular parece bastante inexplicable y es una verdadera desgracia. Quienes recuerdan todavía los últimos años del siglo pasado y los primeros del presente, bajo la presidencia de Luis Valls-Taberner, concluirán con razón que demasiadas cosas se han hecho mal. Desde el tiempo actual, con el recién llegado Emilio Saracho, hasta su antecesor Angel Ron. Con unas pinceladas del pasado podremos entender el presente.

Valls-Taberner Arnó fue nombrado presidente del Banco Popular en 1972 y lo dejó voluntariamente en 2004. Murió dos años más tarde. Centró la entidad bancaria hacia el negocio comercial típico bancario, sin desviarse un ápice de esta línea y huyendo de las modas por las que pasaron los bancos en ese tiempo: invertir en empresas, hacer las américas, posicionarse en internet, participar en el negocio inmobiliario, fusionarse con otros. Nada de eso ocurrió bajo su mandato. Algo que sí sucedió en su entorno, que ganaba en tamaño pero también perdía en eficiencia y se dejó mucho dinero en el camino con las otras aventuras. Estaban el Santander, BBVA y el Popular. En Andalucía, además, tenía el Banco Andalucía, tan rentable como su matriz. Durante años fue el banco más eficiente del mundo y uno de los bancos más seguros, reconocido por las publicaciones financieras más importantes de Estados Unidos y Europa. No era un banco barato, pero el cliente estaba bien atendido y sabía hacia donde se dirigía el banco.

En 2004,  Luis Valls dejó las riendas del banco al consejero delegado de entonces, Angel Ron, quien contaba con 42 años. Si había una herencia clara de gestión era la de zapatero a tus zapatos. No sirvió para mucho. Cuando empezó el boom inmobiliario y en España se forraba hasta el apuntador promoviendo casas, el Popular entró tarde a este negocio dorado, pensando seguramente que era de tontos no aprovechar la ocasión de la que todos sus competidores se estaban beneficiando. Y se quedó tan atrapado que esa es la causa de todos sus desequilibrios posteriores y actuales. Y el no haber puesto solución a ese mal –un error de cálculo en favor de la independencia del banco- cuando todavía podía salir airoso. Siempre se mira al presidente de una entidad o empresa, para lo bueno y para lo malo. Pero detrás de un presidente hay todo un consejo de administración que es igualmente responsable de los aciertos y de los errores.  No todo se puede achacar a Ron.

Estaba tan atascado el banco, que hace unos meses y, desde el mismo consejo de administración, se dio un golpe de mano –necesario pero no ordenado- para cambiar al presidente y resolver de una vez su futuro. De la mejor manera posible. Por alguna razón se fijaron en Emilio Saracho. Quien parece estar, desde entonces, más en los periódicos que en otros lugares. Su única misión es vender el banco al mejor postor. Pero para eso hace falta discreción y tacto. Alguno se pregunta qué hubiera sucedido si Pablo Isla hubiera accedido a la presidencia del Popular. Porque tenía papeletas desde su puesto de secretario general, cargo que ocupó desde 1998 hasta el 2000.

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Educar en los errores

La Junta de Andalucía, a través de su consejería de Educación, nos acaba de dar una lección. Después de estar veinte años -¡veinte años!- litigando en los tribunales y acosando al modelo de educación diferenciada, amenazándola de quitarle la financiación pública, creyendo que este modo de proceder atentaba contra la igualdad y significaba una grave discriminación por razón de sexo, resulta que el Tribunal Supremo ha dictaminado que no. Que “no se puede asociar la enseñanza separada con la discriminación por razón de sexo” y que “la enseñanza mixta es un medio, no el único, de promover la eliminación de aspectos de desigualdad por razón de sexo”. Esto dice la sentencia, además de confirmar que este tipo de educación es plenamente constitucional y está perfectamente alineada con la Convención de la Unesco, aspectos que denunciaba la Junta de Andalucía para retirar los conciertos de estos centros educativos.

La sentencia del máximo tribunal –que corrobora la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía- otorga el derecho constitucional a estos centros educativos de financiarse con fondos públicos, en igualdad de condiciones a todos los demás. Es tan meridianamente claro el ordenamiento jurídico con los derechos del modelo de educación diferenciada que la consejería de Educación lo ha acatado sobre la marcha. Pero más importante aún es la lección que nos deja esta historia: uno puede sentirse poseedor de la razón y defenderla con uñas y dientes, pero cuando se ha demostrado que se está equivocado, hay que saber rectificar y seguir hacia adelante con la lección aprendida. Esto forma parte de la sabiduría. Y es el saber lo que intentan transmitirnos en la escuela, además de otros conocimientos.

La Junta de Andalucía, por tanto, en sus intentos no alcanzados todavía por mejorar la calidad de la educación de una gran mayoría de andaluces, tiene la oportunidad de marcar una ruta de enseñanza que es esencial para cualquier persona en el camino de la vida: hay que aprender de los propios errores. Y hay que saber rectificar. Para esto se requiere un poco de humildad y otro poco de sabiduría, dos conocimientos del saber clásico. Calificativo que no hace referencia a algo antiguo, sino a algo permanente. Lo clásico no muere nunca porque está afincado en las entrañas de la naturaleza humana. Como la humildad y la sabiduría.

La consecuencia natural de este aprendizaje motivado por la sentencia del Supremo es que la Junta de Andalucía entierre el hacha de guerra contra el modelo educativo de educación diferenciada y activar lo antes posible las matriculaciones de los centros afectados. Porque, efectivamente, el efecto nocivo conseguido por la consejería de Educación ha sido retrasar las matriculaciones de los aspirantes a estudiar en estos centros. Y eso es tanto como el oxígeno para vivir para cualquier centro educativo.

 

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El camino de Susana Díaz

La secretaria general del PSOE de Andalucía y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, hará oficial su candidatura a la secretaría general de su partido mañana domingo en lo que se prevé un acto multitudinario y un anticipo de su proclamación como tal. Sin duda se reunirán todas las fuerzas socialistas disponibles, pasadas, presentes y futuras para consensuar públicamente en su figura, a la candidata ideal. Y verdaderamente, Díaz se ha hecho imprescindible, lo quieran o no sus detractores, para sacar al PSOE del mayor atolondramiento al que se ha visto afectado, desde que en 1982 ganara las elecciones generales Felipe González.

Un declive que inauguró José Luis Rodríguez Zapatero, bautizado como el peor presidente que hemos tenido en democracia. Que fue seguido por Alfredo Pérez Rubalcaba en la secretaria general y no pudo contener la sangría de votos del PSOE. Y un Pedro Sánchez que le puso la puntilla al partido, con los peores resultados electorales conocidos, y que consiguió dividir al partido y, finalmente, ser expulsado de la secretaria general por sus compañeros. Otro iluminado al estilo de Zapatero, aferrado a sus propios fracasos.

Susana Díaz Pacheco es la única esperanza del Partido Socialista para pasar página a sus desavenencias internas y relanzarlo para competir con éxito en la champions de la política nacional. Pero lo primero en este momento es organizar un partido entorno a un proyecto político y a un líder indiscutible. Algo de lo que el partido carece actualmente. Y la clave va a estar en modernizar el proyecto de un PSOE cansado y algo anticuado ideológicamente. Es lo que más pesa.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, es una hábil dirigente de partido que también ha tenido que bregar con el cansancio y deterioro de su partido en el gobierno de Andalucía, del que todavía no se conoce su verdadera recuperación. Lo que sí está claro es que no podrá trasladar una fórmula a la andaluza, porque España es más grande, es más diversa y ha evolucionado más rápidamente que la propia Andalucía. A los datos hay que referirse. Y al PSOE nacional le sucede lo mismo: es más grande, diverso y moderno (que nada tiene que ver con progre). Por eso tendrá que sacar algunos conejos de su chistera para separarse del pasado sin romper del todo con él. Es joven, y eso es mucho más que un punto a su favor.

No es ninguna sorpresa que aun presentándose a la secretaria general del PSOE siga presidiendo la Junta de Andalucía. Otra cosa es que haya otro secretario general del partido en Andalucía. Cosa que también es difícil que suceda hasta que pueda consolidar su posición en Madrid. Particularmente no me gusta la acumulación de cargos, ya sea en la vida política o en la vida real. Pero como esta no es una verdad sustancial, que haga lo que quiera o lo que le dejen. Lo que entiendo que importa a los españoles es que haya partidos fuertes, coherentes y constructivos, capaces de gobernar España con sensatez.

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El mito de la igualdad

Una de las banderas más agitadas al viento de la propaganda socialista, y ahora también de casi todas las opciones políticas, ha sido la de la igualdad. Y para poner el foco en algo más concreto, hoy lo pondremos sobre la igualdad en materia educativa. Desde que existen las autonomías en España, en Andalucía se ha intentado llevar a la práctica por el partido socialista este ideal en la escuela y la universidad. Aunque nunca hemos sabido en qué consiste ese ideal que, en términos abstractos parece del todo deseable alcanzar, veamos qué hemos logrado en materia educativa.

Tanto en España como en Andalucía uno de los objetivos prioritarios al inicio de la democracia fue universalizar el acceso a la educación. Algo que ya se había iniciado con Franco y que ciertamente se ha conseguido alcanzar. Todo era cuestión de levantar escuelas y producir profesores. Ahora bien, ya a finales de los setenta empezaron a cambiar los planes de estudios. Y cuando la Logse se impuso, todos los datos disponibles indican que la calidad de la enseñanza se ha ido perdiendo paulatinamente. Y como todos ustedes saben la educación en la escuela influye luego en el ambiente familiar y de una sociedad; en las posibilidades de defenderse mejor o peor en la vida; en las posibilidades de tener un empleo y que este, a su vez, sea mejor o peor.

Coincidí el otro miércoles con los responsables de educación de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía –siempre es gozoso coincidir en lugares así con un político- escuchando a uno de los mayores investigadores educativos de este país: José Manuel Lacasa.  Todo un portento de datos, de informes españoles,  internacionales y comparados, en materia educativa y socioeconómica…y de los informes PISA de todo el mundo. Quieran o no quieran algunos, el PISA es actualmente el mejor indicador de cómo va una comunidad educativa.

Una de las principales conclusiones de sus estudios –corroborado por PISA- es que Andalucía es de las comunidades autónomas más desiguales de Europa en materia educativa. Y esto se debe a tres factores principales. El primero, que el curriculum educativo que estudian los chavales es inferior en contenido y calidad a la media nacional. Y esto sucede en lo público y lo privado. El segundo, el entorno socioeconómico familiar limita, todavía, las posibilidades culturales de alcanzar mayor grado de excelencia porque en Andalucía es más bajo.  Y tercero y, quizá más importante, el nivel de exigencia al alumno es más bajo.

Es precisamente un nivel de exigencia más bajo el principal causante del fracaso educativo.  Una idea que ha ido calando en la enseñanza en aras de la supuesta igualdad para no dejar a nadie en la estacada, obligando a sí a todos los compis a rendir menos, cuando podrían rendir más. Y es que, parafraseando al experto Lacasa, cuando un sistema es exigente, no significa que suspenda más, sino que todo el sistema, desde los centros, hasta los profesores y, por supuesto los alumnos, se exijan más. Y de esta manera muy pocos se quedan rezagados y, además, salen de las aulas mucho mejor preparados. Señores de la Junta. Tomen nota por favor.

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