El nuevo mapa económico español

La inestabilidad política que vive Cataluña ha provocado en cuestión de días, que más de 500 empresas hayan decidido, en un primer paso, cambiar su domicilio social y fiscal a otras comunidades autónomas, fundamentalmente a Madrid. Más significativo aún es que el movimiento se ha producido entre las grandes compañías, que son las que cotizan en el mercado de valores. Y esto produce un efecto contagio de grandes dimensiones, pues de la gran empresa depende el trabajo de muchas pequeñas y medianas empresas que quieren seguir trabajando con ellas. Al fin y al cabo, son el sustento de su actividad y de sus trabajadores. Y con las cosas de comer no se juega.

Los dueños, proveedores y clientes de esas grandes compañías –CaixaBank, Segur Caixa, Banco Sabadell, Planeta, Axa, Bimbo, Catalana de Occidente, Edreams, Abertis, Colonial, Cellnex, Aguas de Barcelona etc.- han visto peligrar su seguridad jurídica, de financiación y de mercado ante el arrebato independentista. Y aunque en muchos casos, el primer paso ha sido el cambio de domicilio –que supone tributar fuera de Cataluña, lo cual ya supone una suma importante-, de seguir la situación hacia una proclamación de independencia, el siguiente paso podría ser trasladar la actividad fabril. Cuyas consecuencias serían del todo funestas para la economía catalana.

Este movimiento empresarial hacia Madrid –y en menor medida hacia la Comunidad Valenciana- puede provocar una nueva configuración socioeconómica del mapa español donde se observará un peso importantísimo de la Comunidad de Madrid frente a una recesión de la comunidad catalana. Y eso también puede afectar a la financiación autonómica, cuya revisión está ahora mismo encima de la mesa del ministerio de Hacienda. Pero también afectará, sin duda, al sector inmobiliario, a las infraestructuras, al transporte etc. Es decir, que si el grueso de las empresas instaladas en Cataluña deciden finalmente trasladar su actividad a Madrid, la configuración de España sufrirá algunos cambios notables.

Imagínense que si alguna de esas grandes compañías se trasladasen a Andalucía –tan solo lo han hecho una filial industrial de Mahou-San Miguel y las clínicas estéticas Sanantur, ambas a Málaga- el impacto económico se repartiría más y mejor en el conjunto del Estado. Y ya que muchas empresas están de salida voluntariamente, no estaría de más que el gobierno de Andalucía hiciera un esfuerzo por acoger a quien lo desease. Pero para eso, hay que estar preparados fiscalmente, administrativamente, logísticamente y con una fuerza laboral preparada. ¿Estamos preparados para esta labor de acogida?

Tal sería el impacto, que incluso cobraría mucho más sentido activar de manera decisiva el corredor central ferroviario desde Algeciras hasta Madrid, ya que la capital de España va a ser, sin duda, el centro neurálgico empresarial del país. Da vértigo incluso hasta escribir este nuevo diseño socioeconómico de España, pero es más que posible. Y hay que estar preparado. Y todo por un sueño quimérico irreal de unos pocos que trasladaron a otros muchos.

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La tibieza política

La tibieza solo es buena para medir la temperatura del agua para bañarse. Por lo demás, nunca mejor que en este momento, se puede traer a colación esa sentencia evangélica: como no eres ni frio ni caliente estoy como para vomitarte de mi boca. La situación que estamos viviendo en Cataluña provocada por el Gobierno de la Generalitat requiere de respuestas y decisiones a la altura de la gravedad de los hechos que están acaeciendo. Lógicamente corresponde a los tres poderes establecidos en la Constitución tomar esas decisiones. Es en el terreno político donde, precisamente, no se está dando la claridad y unidad necesarias. Es en el partido socialista que dirige Pedro Sánchez donde la tibieza o el cálculo en sus posiciones, se ha apoderado de sus mentes inseguras o faltas de una idea clara de su papel y de la idea de España en este momento. Con las salvedades claras del socialismo andaluz y extremeño, expresados por sus dos máximos líderes.

Nada podemos esperar del partido que dirige Pablo Iglesias, siempre propenso a ir contra todo y contra todos, salvo con ellos mismos. Su única estrategia es hacerse notar, sin ningún ánimo de construir, porque en su filosofía política prima la destrucción, como buenos leninistas. Y la vanidad, como buen narcisista. Pero no se puede esperar lo mismo de un partido socialista que forma parte de la historia reciente de España y ha vivido en sus carnes tantos avatares políticos. Que la formación de Pedro Sánchez no tenga otra ocurrencia que la de intentar reprobar en estos momentos a la vicepresidenta del Gobierno, es tan vil políticamente como inútil de cara a presentar soluciones para parar esta espiral independentista que está resquebrajando la sociedad catalana.

Señor Sánchez. Bájese de la demagogia. Es hora de actuar y tomar decisiones. Nadie es perfecto. Y se podrán cometer errores en una situación tan compleja. Pero hay que posicionarse del lado de la democracia constitucional y de la unidad. Ya habrá tiempo para construir, pero eso será después de cortar la sangría de irracionalidad y sufrimiento que la Generalitat está provocando. Haga las cosas más fáciles para el Gobierno y para todos los españoles. Súmese a la mayoría sin condiciones. Es la hora de los grandes políticos y de las grandes decisiones, como corresponde a tomar por los cuernos un problema gravísimo.

Es difícil de saber si el Gobierno debería de haber actuado antes o no, y de qué forma. Si a estas alturas del conflicto no hay un consenso político mayoritario, antes ni pensarlo. Pero una vez escuchado el parecer del Jefe del Estado, todo está mucho más claro. Y el señor Rajoy y su gobierno han de actuar sin más demora. Sin tibiezas. Sin quedarse a medio camino. Sin miedo a contristar. Las cosas no se arreglan sin esfuerzo y sufrimiento. Es de hecho, la piedra de toque de que la herida curará. Escuchen al Alfonso Guerra sereno hablando sobre esta cuestión. Más claro, agua. Con todas sus chanzas, es una mente experimentada y preclara. En él se puede decir que, como el vino, mejora con el tiempo.

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El millón de euros

El precio que el PSOE ha tenido que pagar para que la Junta de Andalucía tenga presupuesto en 2018 asciende a 83 millones de euros. Este es el montante que supone a las arcas públicas elevar el mínimo exento del impuesto de sucesiones y donaciones al millón de euros. Pero solo de padres a hijos. Nada de hermanos, tíos o sobrinos. Es una lectura, cruda, pero cierta del acuerdo alcanzado entre Ciudadanos y PSOE de Andalucía para que el primero pueda cumplir su promesa electoral y el segundo pueda seguir gobernando. Aunque también se puede decir que, algo de justicia se ha hecho, cuando el partido naranja ha conseguido doblegar al PSOE y se terminara con un impuesto a todas luces antinatural y causante de mucho sufrimiento. Sin duda el Partido Popular es quien más se ha volcado en estos últimos tiempos en la derogación del impuesto de sucesiones, pero quien tenía el poder de hacerlo eran sus colegas de Ciudadanos.

En todo caso, el resultado es satisfactorio para el conjunto de la sociedad. Y, lógicamente, eso es bueno. El  PSOE siempre ha defendido que este impuesto era un gravamen para los ricos y en sus filas no veían con simpatía su abolición. Quizá el concepto de riqueza, valorado por la Junta en 175.000 euros hasta la llegada de Ciudadanos, luego en 250.000 euros por heredero y ahora en 1 millón de euros, sea bastante discrecional. O simplemente, oigan, si no hay más remedio que cambiar el concepto y entrar por el aro, ya que está en juego seguir gobernando la Junta de Andalucía, pues adelante. Se cambia lo que haya que cambiar. Y no es que esto se haga solo en nuestra tierra. Se hace en todos sitios. También en el gobierno de España, que hace sus concesiones a partidos menores para aprobar los presupuestos.

Son cosas de la política, dirán. Todo depende del cristal con el que se mire. Y claro, así podrán comprender ustedes que los catalanes independentistas digan que en democracia tienen todo el derecho a votar, cuando los catalanes no independentistas y el resto de España diga que el desafío independentista es un ataque a la democracia. Llegado este punto, quizá, puedan pensar que no son cosas de la política, sino que son cosas de la falta de política, que ha renunciado a los principios y a la verdad de las cosas, por el gobierno de las cosas a cualquier precio. Y cuando el principio es gobernar a cualquier precio, lo demás es relativo. Y es aquí donde nos encontramos; en el puro relativismo.

A pesar de la buena noticia sobre la eximente de pagar impuestos por heredar un millón de euros, queda sin resolver el principio fundamental: los bienes que uno posee, lo son a perpetuidad y se han pagado por ellos. Nadie tiene derecho a quedarse una parte de los mismos por el simple hecho de donar a un tercero o por que se hereden. A un hijo, a un hermano o a quien le la gana. Se trata de un intervencionismo del Estado injustificado e insoportable para las libertades. Seas rico o seas pobre. O los principios están claros o siempre los políticos gobernantes podrán arrebatarnos lo que quieran. Porque su bandera es el relativismo. Y ese es nuestro mal.

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La ausencia del seny

El viernes 8 de septiembre estuve reunido con el equipo directivo del Círculo de Economía en Barcelona. El motivo de la visita no era otro que intercambiar experiencias y modos de colaboración entre esa institución de prestigio y la Asociación de Empresarios del Sur de España, CESUR, además de acompañar y alentar a los empresarios de esa comunidad en un momento crítico: las mayores instituciones de la comunidad, el Parlamento y el Gobierno de Cataluña, han auspiciado una rotura institucional y social con el resto de España alentados por los independentistas. Posiblemente, esta nueva y pujante asociación de empresarios haya sido la única de España que en estos días se haya plantado allí. Obras son amores.

El Círculo de Economía como Fomento del Trabajo han tenido posturas muy afines y firmes al defender la legalidad vigente y que las cosas se discutan en un mejor clima, entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Algo que parece puede ser aceptado por cualquier persona –y más un gobernante o representante político- con un mínimo de compostura. Cuando se trata de hablar sobre lo de uno –Cataluña-, a ninguno le gusta que le den consejos ni recomendaciones desde el pueblo de al lado –Madrid, Valencia, Andalucía o País Vasco, por poner unos ejemplos-. Estas buenas intenciones tienen –habitualmente- un efecto boomerang: los suyos le aplauden pero los otros a los que trata de ayudar se aferran aún más a sus posiciones. Así son los nacionalistas. Y, oigan, de esto sabemos mucho en España.

Efectivamente, en la sociedad catalana de los últimos años han renacido los sentimientos nacionalistas y en cualquier lugar en el que se conviva –una familia, una empresa, una asociación del tipo que sea, una parroquia- encuentras esas distintas sensibilidades. Pero en la calle todo es muy normal, se lo aseguro. Cada cual hace su vida con normalidad y se utilizan el castellano y el catalán indistintamente con naturalidad. Siempre hay energúmenos que te pueden aguar la fiesta, cierto. Pero de eso hay en todos lados. Y, sí. Los independentistas lo son a muerte, y hacen suyos todos los discursos que puedan justificar su causa. Aunque atenten contra la verdad histórica o un argumento racional que serviría al científico más cientificista. No  les es posible razonar cuando el sentimiento está a flor de piel.

El problema ha sido ese conjunto de mamarrachos que describía en esta columna la semana pasada. Entiéndanse mamarracho aquella “persona que carece de formalidad y compostura, y no merece ser tomada en serio ni tratada con respeto”. Porque se lo han dejado en el camino. Todo este desafío desde la cúpula del Gobierno catalán y el Parlamento de Cataluña es una barbaridad intelectual, política y social que no puede llevar a nada bueno. Esta actitud tan beligerante no puede seguir por mucho tiempo ni consentida por un Estado de Derecho. Es evidente que nada va a ser como antes por un tiempo. Pero para que las aguas del sentido común y del buen seny vuelvan a sus cauces, hay que separar a los provocadores y hay que dejar de alimentar, desde las instituciones públicas catalanas, en primer lugar, y españolas, en segundo lugar, cualquier mala inclinación hacia lo catalán o cualquier adoctrinamiento separatista.

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El protagonismo de los impuestos

Una de las promesas realizadas en el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos para que el primero formara gobierno en Andalucía contando con el apoyo del segundo era la reducción sustancial del impuesto de sucesiones y donaciones en la comunidad, uno de los más altos de España y claramente discriminatorio respecto a otros territorios. Puesto que este impuesto es de los cedidos por el Estado, cada comunidad autónoma puede regular el nivel con el que se grava a los ciudadanos. Es decir, que es suficiente con la voluntad política del gobierno de turno. Después de un ligerísimo retoque del impuesto, la Junta de Andalucía se ha negado reiteradamente a modificarlo. Al fin, el partido naranja, por mediación de su secretario general, Juan Marín, se ha plantado y ha dicho que, o se modifica en una semana o no habrá ley de presupuestos.

Cada vez gusta más entre la población –gracias a Dios- la coherencia de los políticos y el cumplimiento de sus promesas, aunque no sean siempre del agrado de todos. Hay un hartazgo considerable, y muy razonable, hacia las buenas intenciones, hacia las declaraciones momentáneas cambiantes –ahora digo sí, ahora digo no-, hacia la falsedad, en una palabra. Por eso Ciudadanos –entiendo que con buen criterio- ha dicho a su socio socialista que hasta aquí hemos llegado. O se cumple lo pactado o cumplimos con nuestra promesa de retirar nuestro apoyo al gobierno.

En el último año es cierto que quien ha llevado la voz cantante más sonante respecto a la necesidad de quitar o reducir este impuesto hasta niveles no dañinos para los herederos ha sido el PP. Un empeño que ha llevado a mostrar a la sociedad andaluza y nacional que, efectivamente, no es un impuesto solo para ricos, sino que perjudica incluso más a quienes no tienen suficiente para obtener lo que les pertenece por derecho natural. ¿Y qué dice el derecho natural en este caso? Que lo que es de tu familia es tuyo y nadie tiene derecho a arrebatártelo. Es la continua tensión entre el derecho positivista –realizado en los despachos para ordenar la sociedad y que ha llegado a ser asfixiante- y el derecho natural –que nace con naturalidad de la vida misma y de la dignidad de la persona-. Y, evidentemente, el derecho positivo tiene que respetar al derecho natural. Porque si no, se producen antes o después, situaciones de verdadera injusticia que clama a todos los cielos. Y este es el caso del impuesto de sucesiones.

Este impuesto va a ser el protagonista de este inicio de curso político. Al menos en Andalucía. Siempre y cuando la Junta de Andalucía no sea capaz de taparlo con su propia agenda política que sitúa a la financiación de las comunidades autónomas como el elemento clave para la supervivencia de los servicios públicos básicos en Andalucía. Con esta dureza se ha expresado casi literalmente la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Evidentemente, este es un aspecto crucial para toda comunidad autónoma –y ya tendremos tiempo de analizarlo más adelante- pero no es incompatible con la reducción del impuesto de sucesiones. Es incompatible con la mala gestión de los recursos o con criterios arbitrarios de asignación de esos mismos recursos.

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El Popular exige limpieza

La Comisión Europea está negando información a los accionistas e inversores del Popular sobre la decisión que tomó de intervenir el banco, primero, y venderlo después al Santander por un euro. En una decisión más que discutible, la autoridad comunitaria competente ha salido así al paso de las reclamaciones realizadas por los presuntos perjudicados en la primera intervención que acomete la Unión Europea de un banco. La información solicitada se refiere a los documentos que llevaron a tomar la decisión de intervenir el banco Popular: la resolución de la Junta Única de Resolución (JUR) –que es el organismo competente- y el informe sobre los activos del banco, el informe completo del Banco Central Europeo (BCE), así como el informe de Deloitte.

Es bastante alucinante que Bruselas niegue, al menos temporalmente, información sobre un suceso de estas características que afecta a la soberanía de un país, de sus dueños y a un sector tan sensible. Más increíble es todavía que utilice como argumentos exculpatorios “proteger la estabilidad financiera de la eurozona” y “no dañar los intereses comerciales del Santander”, el banco comprador. Viene a decirnos que en este momento la información sobre el Popular es demasiado delicada para conocerse pues causaría un mal mayor. Algo a todas luces inconcebible en un estado de derecho democrático. Porque el mensaje que está lanzando la Comisión Europea es que hay cosas poco claras o incluso turbias en la intervención del Popular y en su posterior venta al Santander. El fin nunca justifica los medios.

Lo que debería hacer, precisamente, la Comisión es hacer pública toda la información disponible de tal forma que haga plausible la decisión que tomó de intervenir el banco. De otra forma, queda en entredicho esa decisión y tendrá que asumir las consecuencias en los tribunales, algo sin duda poco deseable. Un proceso de estas características no puede quedar en secreto o con dudas razonables. Cuando un organismo público te quita algo, tiene que decir por qué, ya que en caso contrario estaríamos ante decisiones arbitrarias o dictatoriales. ¿Es acaso la Comisión Europea una institución que se gobierna por la arbitrariedad de unos pocos? Entiendo que no. Pero, en este momento, se está comportando como si lo fuera. Y eso es muy grave para el presente y el futuro de la Unión.

Siendo la primera intervención que se hace en la Unión Europea todo tendría que haberse llevado a cabo con luz y taquígrafos. Para lanzar el mensaje de que las cosas se hacen bien y seriamente. De que se puede confiar en las instituciones europeas. Ahí están miles y miles de pequeños accionistas e inversores españoles, de fondos de inversión europeos y americanos, de empresas multinacionales, esperando respuestas que no llegan. La esperada y estrenada Unión Bancaria europea se juega su futuro en esta carta. Y no. No soy ni he sido accionista del Popular.

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Enemigos turísticos

Volvía de Venecia hacia Liubliana, considerando que el artículo que debía escribir tendría que girar en torno a esas campañitas absurdas de cuatro pringaos contra el turismo que no tienen ningún sentido… racional. Y que, sin embargo, es más enriquecedor poner énfasis en mejorar la calidad del turismo, como por ejemplo ordenar lugares masificados –pero extraordinarios para visitar- por el exceso de turistas, como Barcelona. Y me acordaba de esos paseos imposibles por Las Ramblas con un caminar incierto por el exceso de gente y la amenaza de carteristas. Y en esto que leo en twitter la primera noticia sobre el atentado terrorista en Las Ramblas. Dios mío, que fatal casualidad.

Los de las juventudes del partido ácrata ese, llamado CUP, ya pueden darse por satisfechos porque ya no tendrán que hacer campañas en contra del turismo en Barcelona. Resulta que unos asesinos yihadistas -igual de irracionales que sus campañas- se han encargado de ahuyentar –al menos temporalmente- al turismo de la ciudad condal y de la costa catalana, pues Cambrils –y sus poblaciones aledañas- es otra localización de elevado destino turístico.

Imagino que quienes se manifiestan en contra del turismo en Cataluña o en las Islas Baleares o en el País Vasco son conscientes de que muchas familias –una parte muy importante de la población- viven de atender a los turistas. Y de que si no fuera por ello, España sería un país pobre, con más paro, retrasado cultural y económicamente. Quizá quienes protestan son ricos hijos de papá, ya que parecen tener su vida solucionada. Desde luego son egoístas y terroristas de otro tipo, pues con sus acciones aniquilan las posibilidades de vivir y de crear empleo.

Otro enemigo del turismo son los políticos incompetentes e ignorantes. Léanse los de Barcelona y Madrid, sin ir más lejos. Promocionando a los okupas; limitando las posibilidades de inversión turística y poniendo pegas a los empresarios del sector; no hacer nada para mejorar las condiciones del visitante en la ciudad, flaco favor se hace al turismo. Hay quienes todavía piensan que la atención a la actividad turística es de esclavos, porque a veces es un trabajo muy sacrificado y mal pagado (en todos sitios cuecen habas). Sin embargo, quienes consideran el trabajo en el sector turístico como un servicio profesional a clientes, la percepción cambia totalmente. Efectivamente el maltratador turístico es otro enemigo de cuidado. Es una pena ir a lugares fantásticos, como Roma, donde te maltratan porque saben que siempre habrá nuevos turistas que vendrán. Para ellos es simple cuestión de números.

El definitivo enemigo es el terrorismo. Los empresarios del sector temían la posibilidad de un ataque terrorista en España. Afecta de forma inmediata al número de visitantes, pero sobre todo al valor de sus negocios. Los visitantes seguramente volverán más pronto que tarde. Pero el valor tarda más en recuperarse porque necesita una estabilidad a largo plazo. ¿Queremos honrar a los muertos de Barcelona y Cambrils? Una opción es trabajar por mejorar las condiciones para el turista, que incluye bolardos en los accesos a lugares turísticos confluidos.

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Educación sin pacto

Hay tanto o tanta cabeza hueca al frente de las políticas educativas que, sinceramente, es preferible que ni nos planteemos un pacto español –o andaluz- por la educación. Porque si no,  se aplicaría sin remedio aquello de que es peor el remedio que la enfermedad. El antepenúltimo ejemplo que describe esa realidad es el de la autorización de la Junta de Andalucía para que los centros puedan aprobar a los alumnos del último año de la ESO con dos asignaturas suspendidas en el mes de junio. Sin esperar a los exámenes de recuperación de septiembre. Si ya es un despropósito de la política nacional que se acepte pasar con dos asignaturas pendientes, el colmo de la desidia, la mediocridad y la indiferencia es asumir ese fracaso escolar antes del verano para que las estadísticas mejoren.

Más razones nos dan los jefes supremos de la Consejería de Educación para pensar que el modelo ni funciona ni se aplica con sentido común, cuando se afirma que desde el ministerio de Educación no se han dado normas precisas que eviten dar el aprobado en junio. Es decir, que en Andalucía bajamos el nivel de exigencia académico mientras no se diga lo contrario. Que los pobres chavales ya tienen bastante sufrimiento emocional con los dos suspensos, como para chincharles el verano. La nueva consejera de Educación, que es profesora si no recuerdo mal, sigue echando balones fuera cuando afirma que debemos confiar en los profesores a la hora de cuándo dar las evaluaciones, pues son ellos los que conocen a sus alumnos. Sin duda así es, pero a los profes les dan las cosas tan hechas que no tienen margen de maniobra. Vamos, que están tan contentos, que hasta asociaciones de profesores y directores de instituto ha denunciado esta situación. Tan contentos, que la Junta de Andalucía tiene que nombrar a dedo a muchos directores de centros porque los profesores no quieren asumir esa responsabilidad, tan sujeta a la arbitrariedad política.

No. Con la mediocridad instalada en el gobierno de la cosa más importante que una persona se lleva para toda la vida y de la cual vivirá, es preferible que no se haga ningún pacto educativo por la educación. Ni en España ni en Andalucía. Primero tendremos que demostrar los políticos, los profesores y los padres, que somos capaces de sacar adelante un proyecto educativo ilusionante, que sea cualitativamente interesante, donde exista por igual libertad y responsabilidad suficiente en todos los niveles de decisión y de educación. Donde prime la profesionalidad y la razón científica, y se dejen en la puerta de la escuela la política, el compadreo, lo políticamente correcto (insostenible científicamente), las estadísticas, las modas y las consignas. Donde el centro de la atención y dedicación esté en el alumno, los padres y los profesores.  Cosas bien sabidas pero que faltan llevar a la práctica. ¿Queremos una Andalucía mejor? Cuidemos a los profesores y seamos exigentes con su formación,  dedicación, retribución y libertad de acción.

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Puertas giratorias andaluzas

Las puertas giratorias del castillo de la Junta de Andalucía permanecen con el correr de los años como si de bienes culturales protegidos se trataran. Pasan los años. Pasan los presidentes. Pasan los consejeros. Pero siempre hay un puesto donde guarecerse para aquellos escuderos fieles o molestos que es necesario compensar o acallar con el dinero de todos los andaluces. Un puesto superfluo, sin duda, porque cualquier puede hacerse cargo del mismo. Y un dinero también superfluo, porque no tiene nada de productivo. Y, sin embargo, ¡qué gran contraste! Desde el propio gobierno andaluz se exige más dinero a los andaluces y al Gobierno de la Nación para hacer realidad el sueño de la igualdad para todos, cuando esa misma realidad es injusta e indiscriminada, solo apta para unos pocos elegidos. Se le quita el dinero a los herederos andaluces –conseguido con el sudor de la frente durante generaciones por una clase trabajadora- por el capricho de una ideología irreal, para mantener a unos pocos afortunados, también herederos, pero no de un trabajo esforzado durante décadas, sino de un sistema que premia a los suyos y, por ende, castiga a todos los demás, dentro y fuera de las fronteras de Andalucía. Nada ha cambiado. ¿Para qué si funciona? ¿Para qué si nadie protesta? ¿Para qué si a mí no me afecta? Conformismo. Egoísmo. ¿Demasiados vientres agradecidos?

La práctica tan criticada por todos los partidos políticos –y la sociedad- de recolocar a los altos cargos de un gobierno en otros puestos bien remunerados cuando dejan el cargo al que accedieron sigue muy actual. Tras la remodelación del gobierno de la Junta de Andalucía por Susana Díaz, cinco consejeros salieron, y cuatro consejeros han sido recolocados y seguirán cobrando del erario público. Mis felicitaciones por la coherencia del exconsejero de Justicia, Emilio de Llera, quien ha vuelto de donde fue sacado, la fiscalía. Esto debería ser lo ordinario y lo justo. Porque uno va a la política a servir, no a servirse de ella para su propio ego. O bolsillo. Cierto que algunos exconsejeros no necesitaban de ese nuevo cargo, como José Sánchez Maldonado o Adelaida de la Calle, ambos provenientes de la Universidad. Y no pongo en duda sus capacidades. El caso de los exconsejeros de Sanidad y Agricultura, a dirigir la Agencia de la Energía y el Puerto de Almería, es pura compensación política. Pero es muy difícil de entender para el ciudadano corriente y moliente. Y, desde luego, si queremos mejorar la calidad y la salud de nuestro sistema democrático, estas prácticas deberían ser una excepción.  Y, sin embargo, la excepción es que no vuelvan a ocupar cargos en puestos de segunda fila o en el consejo asesor de un organismo de la Junta o en el Consejo Consultivo. Buenos sueldos y una vida tranquila. Todo ocupado por ex.

Hace escasos días Iberdrola decidía aplicar un código de conducta estricto en las relaciones con los políticos. Ni regalos ni dádivas ni invitaciones. Hasta aquí hemos llegado. Una compañía que, efectivamente, fue protagonista de esas puertas giratorias. Pero, señoras y señores, el progreso se hace rectificando sobre los errores cometidos, no ahondando sobre ellos, porque a la larga es más rentable la honradez y la coherencia.

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El tamaño importa

El miércoles tenía una reunión con la secretaria general de Industria del ministerio de Economía, Begoña Cristeto, en la Delegación del Gobierno en Andalucía, en la que estábamos una representación de la Asociación de Empresarios del Sur de España, CESUR. Armado con una batería de medidas de tipo regulatorio, laboral y fiscal para favorecer el crecimiento de las empresas andaluzas, cuál fue mi sorpresa cuando la representante del gobierno nos comunicó que el ministro del ramo, Luis de Guindos, anunciaría al día siguiente una serie de medidas encaminadas, precisamente, al crecimiento de las empresas. Y, en particular –como así lo demandamos-, al aumento de tamaño de las pequeñas empresas, esas que se quedan en el umbral de los cincuenta trabajadores o que facturan menos de 6 ó 10 millones de euros.

El tejido empresarial español –más acentuado en Andalucía-, está integrado en un 95 por ciento por microempresas (menos de 10 trabajadores). Y un cuatro por ciento son empresas medianas (menos de 250 trabajadores). Solo un uno por ciento son grandes empresas. Sin embargo 3 de cada 4 empleos los aglutina la pyme.

En el estudio que presentó el ministro para anunciar esas medidas, se dice que el tamaño pequeño de una empresa dificulta la productividad. Es decir, que una pequeña empresa tiene muy difícil exportar, invertir en I+D+I, en tener acceso a financiación y contar con equipos gestores bien preparados. Esto habría que predicarlo de las pequeñas empresas en sectores tradicionales, porque las empresas de nueva generación parten con ventajas competitivas mayores. Pero lo cierto es que a mayor productividad mayor será la retribución media de los salarios. Y a mayor valor de la producción –algo que sucede fundamentalmente en el sector industrial-, también será mayor esa retribución. Esa productividad mayor también generará más empleo, indefinido y estable. De ahí el empeño en atacar con todos los medios a nuestro alcance la mayor productividad, el fomento de la industria y, por ende, el crecimiento del tamaño de las empresas.

Tal puede ser el efecto positivo del tamaño medio de las empresas en España, que si subiera unos pocos puntos, igualando a Gran Bretaña –cuya estructura del tamaño es muy parecida a la nuestra-, el efecto en el PIB sería de más de 7 puntos porcentuales. Y esto podría significar, al menos teóricamente, que conseguiríamos el pleno empleo en pocos años.

Las medidas que pretende iniciar ahora el gobierno, van encaminadas a la reducción y eliminación de las regulaciones vinculadas al tamaño de las empresas, donde se han encontrado 130. Demasiadas. Así, desde el punto de vista laboral, todo apunta a que el umbral de 50 trabajadores ascienda hasta 100, permaneciendo con las ventajas que se tenían. Asimismo, se apunta a un gravamen reducido en el impuesto de sociedades para todas las pequeñas. También se trabajará en la esperada unidad de mercado, donde la regulación de las Comunidades Autónomas es asfixiante. Sean bienvenidas estas reformas, tanto tiempo reclamadas. No se puede hacer palanca ni con un churro ni con un palito corto.

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