Will you remember me, brexit.

Esas tartas de frambuesa; la mermelada de naranja; el aceite de oliva extra virgen; ese pedazo de uniforme mimético. ¿Y qué decir de esas tardes soleadas junto al mar mediterráneo? Productos de primera calidad y servicios turísticos que Andalucía pone a disposición de los británicos en sus mesas, en su trabajo diario o en sus vacaciones. Desde que nuestros vecinos del norte decidieron por referéndum –y por un margen muy estrecho- que querían dejar de pertenecer a la Comunidad Europea, la libra se ha depreciado cerca de un 14 por ciento frente al euro. Eso quiere decir que los exportadores españoles han perdido el 14 por ciento del valor de sus productos. De golpe. Por una decisión política. ¡Ay los políticos¡

Piensen únicamente en la frambuesa. Desde Andalucía se exporta la nada desdeñable cifra de 115 millones de euros, solo en este pequeño fruto. Pero si el plan del Brexit sigue su camino con el nivel de desconexión planteado antes de las elecciones británicas, habrá que pagar aranceles y otras tasas aduaneras por los productos que entren a las islas. Lo que significará que los costes aumentarían y los precios también. Y eso haría replantearse a la industria productora y a los exportadores toda su estrategia. Y más aún, si la Gran Bretaña decidiera crear su propio espacio comercial común con sus aliados de la Commonwealth.

El Brexit no va a ser ninguna panacea, ni para la empresa europea, española y andaluza, ni para la propia economía británica. Al menos por ahora y a los efectos del comercio puro y duro de bienes y servicios. Así coincidieron en manifestarse el director general del Grupo Iturri, Juan Manuel Iturri; el director comercial de Migasa, Antonio Gallego; y el Consejero Delegado de la Corporación MP, Eugenio Barroso, dentro de la sesión que CESUR, Asociación de Empresarios del Sur de España, dedicó esta semana a los retos de la empresa andaluza frente al Brexit de la mano de la consultora KPMG. “No supone ninguna oportunidad; más al contrario, hora mismo ya está suponiendo pérdidas por la depreciación de la libra y menor volumen de contratación por la incertidumbre”. Esta es la realidad.

Iturri tiene como principal cliente al ministerio de Defensa Británico, fundamentalmente por el suministro de equipos al ejército. El grupo Migasa es la primera empresa aceitera por volumen, cercana a los 900 millones de euros, y tiene mercado con las islas. Y Corporación MP, dedicada a la fabricación, venta y mantenimiento de elevadores, tiene una consolidada presencia en el mercado británico que ya ha visto mermar la contratación.

Andalucía es el primer destino turístico para los británicos, con 2,8 millones de visitantes el año pasado, más del 25 por ciento del total, y el primer comprador de viviendas extranjero en Andalucía. Las exportaciones andaluzas al Reino Unidos crecieron el año pasado el 1,5 por ciento pero están aumentando. La alimentación y bebidas suponen el 58 por ciento de la exportación de las empresas andaluzas. Solo esperemos que el Brexit duro se reblandezca con el paso de los días.

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La monarquia catalana

El presidente –rey inconfeso- de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha esperado que pasara la romería del Rocío de Terrassa, para anunciar que su gobierno tiene intención de convocar un referéndum el próximo día 1 de octubre para preguntar a los catalanes si quieren convertirse en una república independiente. Ya puestos a preguntar, debería de dar la libertad a los ciudadanos que viven en esa comunidad, de proponer otros modelos de estado: monarquía independiente, absolutismo independiente, república ácrata de los países catalanes, estado independiente de políticos oportunistas. En fin, algo más democrático.  Bromas a un lado, entiendo que este desafío al Estado español más que verborrea nacionalista barata es la mayor crisis institucional, social y política que vivimos desde que tenemos democracia en España.

Este es un problema que se ha generado desde las instancias políticas en el origen de la misma constitución española. Desde que se permitió a un grupo de personas hacerse fuerte en el aparato de un Estado autonómico para destruir desde dentro la propia autonomía, apoyando sus peticiones con dinero y más autonomía para hacer en su territorio lo que les viniera en gana a cambio de un apoyo político. El que vinieron dando los nacionalistas catalanes a los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP cuando estaban en minoría. La mala política es cortoplacista. No ve lo que hay más allá del muro. De esos polvos, estos barros.

Estamos ante una cuestión de Estado que importa tanto a Andalucía como a Cantabria o Cataluña. A un partido político u otro. A todas las instituciones del Estado. A todos los ciudadanos. Creo sinceramente que el señor Rajoy tiene razón cuando dice que el desafío independentista no es una cuestión que solo haya de solucionar el gobierno actual del PP. Es una cuestión de todo el Estado y como tal, todos deberían de arrimar el hombro para que se solucione pacífica y legalmente. Con madurez.  Muchos de los que han accedido a la noble práctica de la política en los últimos años han ejercido su parcela de poder con una frivolidad tan alucinante que han arrastrado a toda la sociedad a posicionarnos en cuestiones que ni hemos pedido ni hemos provocado ni queremos posicionarnos.

Escondiendo el estrepitoso fracaso de los gobiernos tripartitos catalanes, el iluminado Artur Mas optó por transmitir tensión política y mediática al pueblo catalán y español, alimentando animadversiones gratuitas e innecesarias, enturbiando sentimientos legítimos con la intención de manipularlos, incluso, falseando la historia, buscando los intereses particulares de los partidos independentistas. Desde una óptica nacionalista nos podrán decir que no nos metamos en asuntos que solo corresponde a los catalanes. Lo entendemos. Pero por la misma razón podremos decir a esos nacionalistas que no se apropien de algo que es de todos los españoles.

Hemos llegado a un punto en el que no podemos escondernos ante semejante desafío. No existe un derecho de autodeterminación como no existe el derecho a matar, por mucho que estén a favor un gran número de ciudadanos.

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El Popular

Lo que le está sucediendo al Banco Popular parece bastante inexplicable y es una verdadera desgracia. Quienes recuerdan todavía los últimos años del siglo pasado y los primeros del presente, bajo la presidencia de Luis Valls-Taberner, concluirán con razón que demasiadas cosas se han hecho mal. Desde el tiempo actual, con el recién llegado Emilio Saracho, hasta su antecesor Angel Ron. Con unas pinceladas del pasado podremos entender el presente.

Valls-Taberner Arnó fue nombrado presidente del Banco Popular en 1972 y lo dejó voluntariamente en 2004. Murió dos años más tarde. Centró la entidad bancaria hacia el negocio comercial típico bancario, sin desviarse un ápice de esta línea y huyendo de las modas por las que pasaron los bancos en ese tiempo: invertir en empresas, hacer las américas, posicionarse en internet, participar en el negocio inmobiliario, fusionarse con otros. Nada de eso ocurrió bajo su mandato. Algo que sí sucedió en su entorno, que ganaba en tamaño pero también perdía en eficiencia y se dejó mucho dinero en el camino con las otras aventuras. Estaban el Santander, BBVA y el Popular. En Andalucía, además, tenía el Banco Andalucía, tan rentable como su matriz. Durante años fue el banco más eficiente del mundo y uno de los bancos más seguros, reconocido por las publicaciones financieras más importantes de Estados Unidos y Europa. No era un banco barato, pero el cliente estaba bien atendido y sabía hacia donde se dirigía el banco.

En 2004,  Luis Valls dejó las riendas del banco al consejero delegado de entonces, Angel Ron, quien contaba con 42 años. Si había una herencia clara de gestión era la de zapatero a tus zapatos. No sirvió para mucho. Cuando empezó el boom inmobiliario y en España se forraba hasta el apuntador promoviendo casas, el Popular entró tarde a este negocio dorado, pensando seguramente que era de tontos no aprovechar la ocasión de la que todos sus competidores se estaban beneficiando. Y se quedó tan atrapado que esa es la causa de todos sus desequilibrios posteriores y actuales. Y el no haber puesto solución a ese mal –un error de cálculo en favor de la independencia del banco- cuando todavía podía salir airoso. Siempre se mira al presidente de una entidad o empresa, para lo bueno y para lo malo. Pero detrás de un presidente hay todo un consejo de administración que es igualmente responsable de los aciertos y de los errores.  No todo se puede achacar a Ron.

Estaba tan atascado el banco, que hace unos meses y, desde el mismo consejo de administración, se dio un golpe de mano –necesario pero no ordenado- para cambiar al presidente y resolver de una vez su futuro. De la mejor manera posible. Por alguna razón se fijaron en Emilio Saracho. Quien parece estar, desde entonces, más en los periódicos que en otros lugares. Su única misión es vender el banco al mejor postor. Pero para eso hace falta discreción y tacto. Alguno se pregunta qué hubiera sucedido si Pablo Isla hubiera accedido a la presidencia del Popular. Porque tenía papeletas desde su puesto de secretario general, cargo que ocupó desde 1998 hasta el 2000.

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Educar en los errores

La Junta de Andalucía, a través de su consejería de Educación, nos acaba de dar una lección. Después de estar veinte años -¡veinte años!- litigando en los tribunales y acosando al modelo de educación diferenciada, amenazándola de quitarle la financiación pública, creyendo que este modo de proceder atentaba contra la igualdad y significaba una grave discriminación por razón de sexo, resulta que el Tribunal Supremo ha dictaminado que no. Que “no se puede asociar la enseñanza separada con la discriminación por razón de sexo” y que “la enseñanza mixta es un medio, no el único, de promover la eliminación de aspectos de desigualdad por razón de sexo”. Esto dice la sentencia, además de confirmar que este tipo de educación es plenamente constitucional y está perfectamente alineada con la Convención de la Unesco, aspectos que denunciaba la Junta de Andalucía para retirar los conciertos de estos centros educativos.

La sentencia del máximo tribunal –que corrobora la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía- otorga el derecho constitucional a estos centros educativos de financiarse con fondos públicos, en igualdad de condiciones a todos los demás. Es tan meridianamente claro el ordenamiento jurídico con los derechos del modelo de educación diferenciada que la consejería de Educación lo ha acatado sobre la marcha. Pero más importante aún es la lección que nos deja esta historia: uno puede sentirse poseedor de la razón y defenderla con uñas y dientes, pero cuando se ha demostrado que se está equivocado, hay que saber rectificar y seguir hacia adelante con la lección aprendida. Esto forma parte de la sabiduría. Y es el saber lo que intentan transmitirnos en la escuela, además de otros conocimientos.

La Junta de Andalucía, por tanto, en sus intentos no alcanzados todavía por mejorar la calidad de la educación de una gran mayoría de andaluces, tiene la oportunidad de marcar una ruta de enseñanza que es esencial para cualquier persona en el camino de la vida: hay que aprender de los propios errores. Y hay que saber rectificar. Para esto se requiere un poco de humildad y otro poco de sabiduría, dos conocimientos del saber clásico. Calificativo que no hace referencia a algo antiguo, sino a algo permanente. Lo clásico no muere nunca porque está afincado en las entrañas de la naturaleza humana. Como la humildad y la sabiduría.

La consecuencia natural de este aprendizaje motivado por la sentencia del Supremo es que la Junta de Andalucía entierre el hacha de guerra contra el modelo educativo de educación diferenciada y activar lo antes posible las matriculaciones de los centros afectados. Porque, efectivamente, el efecto nocivo conseguido por la consejería de Educación ha sido retrasar las matriculaciones de los aspirantes a estudiar en estos centros. Y eso es tanto como el oxígeno para vivir para cualquier centro educativo.

 

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El camino de Susana Díaz

La secretaria general del PSOE de Andalucía y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, hará oficial su candidatura a la secretaría general de su partido mañana domingo en lo que se prevé un acto multitudinario y un anticipo de su proclamación como tal. Sin duda se reunirán todas las fuerzas socialistas disponibles, pasadas, presentes y futuras para consensuar públicamente en su figura, a la candidata ideal. Y verdaderamente, Díaz se ha hecho imprescindible, lo quieran o no sus detractores, para sacar al PSOE del mayor atolondramiento al que se ha visto afectado, desde que en 1982 ganara las elecciones generales Felipe González.

Un declive que inauguró José Luis Rodríguez Zapatero, bautizado como el peor presidente que hemos tenido en democracia. Que fue seguido por Alfredo Pérez Rubalcaba en la secretaria general y no pudo contener la sangría de votos del PSOE. Y un Pedro Sánchez que le puso la puntilla al partido, con los peores resultados electorales conocidos, y que consiguió dividir al partido y, finalmente, ser expulsado de la secretaria general por sus compañeros. Otro iluminado al estilo de Zapatero, aferrado a sus propios fracasos.

Susana Díaz Pacheco es la única esperanza del Partido Socialista para pasar página a sus desavenencias internas y relanzarlo para competir con éxito en la champions de la política nacional. Pero lo primero en este momento es organizar un partido entorno a un proyecto político y a un líder indiscutible. Algo de lo que el partido carece actualmente. Y la clave va a estar en modernizar el proyecto de un PSOE cansado y algo anticuado ideológicamente. Es lo que más pesa.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, es una hábil dirigente de partido que también ha tenido que bregar con el cansancio y deterioro de su partido en el gobierno de Andalucía, del que todavía no se conoce su verdadera recuperación. Lo que sí está claro es que no podrá trasladar una fórmula a la andaluza, porque España es más grande, es más diversa y ha evolucionado más rápidamente que la propia Andalucía. A los datos hay que referirse. Y al PSOE nacional le sucede lo mismo: es más grande, diverso y moderno (que nada tiene que ver con progre). Por eso tendrá que sacar algunos conejos de su chistera para separarse del pasado sin romper del todo con él. Es joven, y eso es mucho más que un punto a su favor.

No es ninguna sorpresa que aun presentándose a la secretaria general del PSOE siga presidiendo la Junta de Andalucía. Otra cosa es que haya otro secretario general del partido en Andalucía. Cosa que también es difícil que suceda hasta que pueda consolidar su posición en Madrid. Particularmente no me gusta la acumulación de cargos, ya sea en la vida política o en la vida real. Pero como esta no es una verdad sustancial, que haga lo que quiera o lo que le dejen. Lo que entiendo que importa a los españoles es que haya partidos fuertes, coherentes y constructivos, capaces de gobernar España con sensatez.

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El mito de la igualdad

Una de las banderas más agitadas al viento de la propaganda socialista, y ahora también de casi todas las opciones políticas, ha sido la de la igualdad. Y para poner el foco en algo más concreto, hoy lo pondremos sobre la igualdad en materia educativa. Desde que existen las autonomías en España, en Andalucía se ha intentado llevar a la práctica por el partido socialista este ideal en la escuela y la universidad. Aunque nunca hemos sabido en qué consiste ese ideal que, en términos abstractos parece del todo deseable alcanzar, veamos qué hemos logrado en materia educativa.

Tanto en España como en Andalucía uno de los objetivos prioritarios al inicio de la democracia fue universalizar el acceso a la educación. Algo que ya se había iniciado con Franco y que ciertamente se ha conseguido alcanzar. Todo era cuestión de levantar escuelas y producir profesores. Ahora bien, ya a finales de los setenta empezaron a cambiar los planes de estudios. Y cuando la Logse se impuso, todos los datos disponibles indican que la calidad de la enseñanza se ha ido perdiendo paulatinamente. Y como todos ustedes saben la educación en la escuela influye luego en el ambiente familiar y de una sociedad; en las posibilidades de defenderse mejor o peor en la vida; en las posibilidades de tener un empleo y que este, a su vez, sea mejor o peor.

Coincidí el otro miércoles con los responsables de educación de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía –siempre es gozoso coincidir en lugares así con un político- escuchando a uno de los mayores investigadores educativos de este país: José Manuel Lacasa.  Todo un portento de datos, de informes españoles,  internacionales y comparados, en materia educativa y socioeconómica…y de los informes PISA de todo el mundo. Quieran o no quieran algunos, el PISA es actualmente el mejor indicador de cómo va una comunidad educativa.

Una de las principales conclusiones de sus estudios –corroborado por PISA- es que Andalucía es de las comunidades autónomas más desiguales de Europa en materia educativa. Y esto se debe a tres factores principales. El primero, que el curriculum educativo que estudian los chavales es inferior en contenido y calidad a la media nacional. Y esto sucede en lo público y lo privado. El segundo, el entorno socioeconómico familiar limita, todavía, las posibilidades culturales de alcanzar mayor grado de excelencia porque en Andalucía es más bajo.  Y tercero y, quizá más importante, el nivel de exigencia al alumno es más bajo.

Es precisamente un nivel de exigencia más bajo el principal causante del fracaso educativo.  Una idea que ha ido calando en la enseñanza en aras de la supuesta igualdad para no dejar a nadie en la estacada, obligando a sí a todos los compis a rendir menos, cuando podrían rendir más. Y es que, parafraseando al experto Lacasa, cuando un sistema es exigente, no significa que suspenda más, sino que todo el sistema, desde los centros, hasta los profesores y, por supuesto los alumnos, se exijan más. Y de esta manera muy pocos se quedan rezagados y, además, salen de las aulas mucho mejor preparados. Señores de la Junta. Tomen nota por favor.

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La desigualdad del impuesto de sucesiones

El Impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía no es ni el mayor impuesto ni mucho menos el más decisorio para las arcas públicas, pero sí que tiene una parte muy injusta, otra que es mentira y otra que está desaprovechada en favor del crecimiento económico y el empleo. Con todo el respeto que me merecen las opiniones contrarias, en el caso de que provengan de la autoridad competente, tendrían que demostrar con razonamientos sólidos y datos su postura. Porque, en caso contrario, la negativa a suprimir o reducir –que esto sí puede hacer la Junta de Andalucía- este tributo se basaría únicamente en una posición ideológica y, por tanto, sectaria.

Es injusto pagar dos veces por lo mismo. Los padres y los herederos. Se supone que es violar un principio constitucional, pero aquí seguimos pagando y mucho más que la media. El máximo, de hecho, en el Estado Español. Es como si vas a la panadería y tu madre compra una barra de pan. Ahí paga un impuesto. Llega a casa y los hijos comen de esa barra de pan. ¿Se imaginan que tuvieran que pagar otro impuesto por comer de esa barra?  Pues, así se comporta el impuesto de sucesiones. Esta es la parte injusta. Y confiscatoria. Con esto debería ser suficiente. Pero sigamos.

Hay otra que es mentira. Y me refiero al bulo según el cual este es un impuesto para ricos. Falso. Es un impuesto para la clase media trabajadora y ahorradora. Para los profesionales por cuenta ajena, profesionales liberales, funcionarios, autónomos. Para los emprendedores. Es decir, para aquellos que quizá no pueden pagarlo.

Vamos a la parte que podemos aprovechar para desarrollar el crecimiento económico y que, sin embargo, penalizamos con este impuesto. Quien más gane que más pague. A este principio no podemos oponernos, porque parece justo. Ahora bien, el impuesto de sucesiones y donaciones penaliza a quienes tienen la capacidad de generar nuevos negocios, nuevas fuentes de trabajo y empleo. A esos pequeños emprendedores autónomos o profesionales por cuenta ajena que deciden hacerse pequeños empresarios aprovechando la herencia de sus progenitores. ¿Acaso los padres no ahorran precisamente para dar nuevas oportunidades a sus hijos? Este impuesto los penaliza al tener que pagar elevadas cantidades por una casa, un pequeño terreno, que bien se pudieran utilizar para generar nuevas actividades económicas. He aquí el quid de la cuestión. Estos pequeños empresarios en potencia, se ven obligados a perder parte de lo recibido o renunciar a su legítima herencia por no disponer de tesorería para pagar ese impuesto. Y aquí se acaba la esperanza para aquellos que podrían emprender.

Con este impuesto la Junta se asegura una recaudación a corto plazo de unos 400 millones, y evita la generación de actividad económica a medio y largo plazo que supondrían mayores ingresos tributarios para la Junta de Andalucía, acompañado de mayor generación de empleo. Este impuesto, además, agudiza las desigualdades entre los que más tienen y los que no tiene tanto, porque penaliza a estos últimos y los condena a seguir como siempre han estado.

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La enseñanza pública es de todos

La calidad de la enseñanza en Andalucía es lo que realmente debe de importar y ocupar a todos los políticos y al gobierno de la Junta de Andalucía, desde Susana Díaz hasta el último mono. Hasta aquí estaremos todos de acuerdo. Pero si, además cerca del 75 por ciento del sistema educativo es público, habría que pensar que los esfuerzos tendrían que redoblarse aún más en este ámbito. Todos conforme. Pero si vamos a los hechos concretos, no parece que los esfuerzos de nuestra administración se hayan volcado en la calidad de la educación pública. Porque para comprobarlo hay que ir a los resultados. Y ¿cuáles son esos resultados? Niveles de abandono escolar muy elevados; pésimos resultados en los informes PISA elaborados por la OCDE –el mejor modelo que tenemos actualmente para evaluar, aunque no sea perfecto-; los mayores niveles de paro de Europa, que algo tiene que ver la educación en esta materia.

Pregunten ustedes a cualquier profesor de universidad cómo llegan los alumnos a primero de carrera. Muy lastimoso. ¿Por qué ha aumentado tanto el negocio de las clases particulares? Porque no saben. Y no es algo de ahora, llevamos años así. Pero empeorando cada año. ¿Por qué se ha adjudicado la Junta el derecho de nombrar directores en los institutos? Porque nadie quiere serlo. ¿Por qué? Pregunten. A ver qué motivación tienen los profesores y los directivos. Y qué motivación les dan a los profesionales de la educación desde la administración. He visto profesores llorando de impotencia y les aseguro que a uno se le encoge el corazón. La Junta lleva demasiados años tapando las vergüenzas del sistema que hace aguas por todas partes. Y no se puede decir más que con pena, porque los primeros en sufrir las consecuencias son los chavales, que no tienen culpa ninguna. Que es lo más sangrante.

Lo segundo más alucinante es que la Junta no asume la responsabilidad de su fracaso más estrepitoso. Y es incapaz de corregir el rumbo. Porque no sabe o porque no quiere. Y desde luego la calidad de la enseñanza no se arregla ni con ordenadores ni con material escolar gratis. Está minando toda expectativa de futuro para nuestros jóvenes. ¡Y se fuman un puro!

Y lo tercero más mezquino de la actitud de la consejería de Educación –y de la dirección política que la guía- es que en lugar de arreglar los problemas de la enseñanza pretende acabar con otros modelos de enseñanza que –¡oh sorpresa!- sí funcionan. Y son los colegios concertados y los de enseñanza diferenciada. Los privados no le cuestan nada, y ahí cada cual con lo suyo. Pero los concertados le cuestan a la Junta –o sea a quienes pagamos impuestos-mucho menos que un público y se obtienen mejores resultados. En general, que también hay institutos espléndidos. El hecho de que existan colegios concertados y algunos diferenciados no es una concesión –o no debería serlo- porque en lo público –que es de todos- se debe dar cabida a todas las sensibilidades educativas, como existen en otros ámbitos sociales. Los defensores de lo público somos todos los ciudadanos, no la Junta de Andalucía que, curiosamente, no refleja todas las sensibilidades de los ciudadanos. Al menos así lo está demostrando.

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Apaga luz, Mariluz

El frío y el coste de la luz han sido, casi con toda seguridad, los dos temas de conversación más habituales de estos últimos días. La ola de frío que asola la península está teniendo unas consecuencias bastante perjudiciales para la salud y para el bolsillo. Aunque siempre hay alguien que sale ganando. Y es normal que sea así. Los fabricantes de ropa de abrigo, los de estufas, los de mantas, gorros y guantes. Los fabricantes de vacunas contra la gripe, los de analgésicos y demás medicamentos para catarros y resfriados, los farmacéuticos, los hospitales y clínicas privadas. Hasta los tanatorios. Qué cosas hay que escribir. Y por supuestos, las empresas que producen y comercializan combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Amén de las eléctricas. La lista es larga. Pero es lo normal. Y conviene no sacar las cosas de quicio.

Como ya se habrá informado, el precio de la electricidad ha subido considerablemente estos días de intenso frío porque la demanda de energía eléctrica está siendo muy elevada. Las compañías eléctricas son productoras y comercializadoras de energía para su consumo doméstico, industrial y urbano. El precio real de la energía que consumimos depende de sus costes de producción o adquisición y los de comercialización. Actualmente, por la ausencia de lluvias prolongadas, la menor intensidad del sol y del viento, las únicas fuentes de energía de las que se nutren las eléctricas son el carbón, el gas, el petróleo y la nuclear. La mitad, aproximadamente, de nuestro parque de generación. Y estas energías son las más caras –salvo la nuclear- y las que más se han reducido en los últimos 15  años. Al parecer porque pedíamos a gritos los españoles que nos pusieran energías renovables. Que son más limpias. Cierto. Y también muy caras. Tanto que seguimos pagando su instalación y primas en el recibo de la luz.

Quejarse es lícito. Tener razón para quejarse, es otra cosa. Si nuestro parque de generación eléctrico fuera mayoritariamente nuclear, nadie se quejaría del precio que pagamos por la luz estos días. O si tuviéramos en funcionamiento algunas de las centrales de ciclo combinado que teníamos en Andalucía, el precio seguramente también sería menor. Pero no. Nos hemos dotado en muy poco tiempo de un parque de renovables muy caro, que no funciona siempre. Como es el caso. Por no hablar del carbón. Que lo seguimos manteniendo por solidaridad con algunas comarcas que viven del mineral negro, que es deficitario e insalubre.

A lo que voy. Tenemos la energía que tenemos por decisión política que no popular. Y es cara y la tenemos que pagar. Y eso es lo que va en la factura de la luz, además de los omnipresentes impuestos. Si todos los impuestos indirectos que pagamos los pusiéramos en una cuenta como la del IRPF, se nos caerían los palos del sombrajo. Troya, ardería. Y sabríamos lo que nos cuestan los servicios y, seguramente, los cuidaríamos mejor. Así es que, mientras esto no cambie, a cantar. Apaga luz, Mariluz, apaga luz, que yo no puedo dormir con tanta luz. Los borrachos en el cementerio, juegan al mus.

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Autónomos y pymes, salvados

Rectificar es de sabios. El Ministerio de Hacienda ha corregido un error muy importante y grave. Un Real decreto aprobado en diciembre impedía a autónomos y pequeñas empresas aplazar cantidades derivadas de los impuestos de IVA, sociedades e IRPF. La mayor cuantía se genera habitualmente por IVA, pues toda operación comercial lleva aparejado este impuesto, que se liquida trimestralmente. Igualmente, sucede con normalidad que un autónomo tenga que hacer un pago puntual importante por IRPF, sobre todo cuando la declaración de la renta te da a devolver una cantidad. Pagar tres mil euros de una sola vez, por ejemplo, sin posibilidad de aplazarlos, es un golpe muy duro.  El ministro Montoro dejó claro esta semana que se va a trabajar en una instrucción para corregir el error y que a finales de mes esté solucionado el problema.

Así es que más de tres millones de españoles autónomos –medio millón en Andalucía- se libran de una quema que hubiera sido segura en miles de casos. La misma suerte hubieran tenido miles de pequeñas empresas. No es fácil de entender cómo es posible que se cuele una medida que hubiera destruido miles de empleos. Salvados por la campana. Mira tú por dónde que, en ocasiones como esta, se puede comprobar que la actividad de los partidos políticos y de las asociaciones empresariales da sus frutos. Hay que mantener la esperanza de que estos instrumentos al servicio de la sociedad puedan seguir trabajando por mejorar las situaciones injustas que, con demasiada periodicidad se producen en el ámbito normativo. Y no solo aquellas que afectan a los números y, por tanto son más fáciles de comprobar, sino también aquellas otras que afectan a cuestiones cualitativas como la educación, la cultura, las buenas costumbres. Que, en definitiva, también afectan a las personas.

La nueva instrucción del Ministerio de Hacienda permitirá el aplazamiento de deudas inferiores a 30.000 euros en IVA, impuesto de sociedades e IRPF. Mucho más razonable para autónomos y pequeñas empresas. No podemos olvidar que los emprendedores son autónomos o pequeñas startups que están llamadas a diseñar el futuro mapa económico y empresarial español. Y solo les faltaba que su propio país les pusiera una rueda de molino al débil cuello que mantiene su ingenio e iniciativa.

No van a correr esta misma suerte las medianas y grandes empresas. Hacienda ha decidido que ahora les toca a ellas contribuir a reducir el déficit que seguimos teniendo pendiente de reducir. Sí que es buena noticia –dentro de lo malo- el anuncio de Montoro de que penalizará fiscalmente a las grandes empresas morosas, con la finalidad de que paguen a sus proveedores en tiempo y forma, como tiene que ser. Pues todavía hay muchas grandes empresas que son como ministerios o consejerías: tardan hasta un año y más en pagar. Y, para dar ejemplo, las administraciones que sean morosas también deberían de ser penalizadas. Hace más un ejemplo que mil palabras.

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