Hacienda contra la empresa

Lo que el Gobierno de la Nación ha hecho a las empresas con la reciente modificación del Impuesto de Sociedades no ha sido solo una mordida a sus legítimos derechos, que hay que entender como una reducción sustancial de sus recursos. Ha sido también una medida tomada en el último momento para salvar las cuentas del Estado ante Bruselas y es un obstáculo más a la recuperación de la economía y del empleo.  Y eso sin tener en cuenta que alguna de las medidas aprobadas en el decreto ley del pasado 2 de diciembre pueden generar más incertidumbre jurídica, por el sencillo hecho de que se vuelve a tocar el que parecía intocable principio de irretroactividad de las leyes.

Efectivamente, el retraso en la formación de gobierno en España –no por culpa de los ciudadanos ni de las empresas- propició una situación de tranquilidad normativa durante todo el año 2016, pero al mismo tiempo el gasto de las administraciones públicas ha seguido su senda incontrolable que prometía una dura sanción por parte de Bruselas. Sin embargo, una vez más, el Gobierno ha prometido corregir el déficit público y colocarlo en el 3,1 por ciento del PIB en 2017. Para lo que se ha comprometido a un nuevo ajuste de 16.000 millones de euros, de los que las empresas –a través de las modificaciones en el Impuesto de Sociedades- aportarán un extra de 4.650 millones.

Estas cantidades extraordinarias quizá no tendrían que aportarse este año que entra si se hubiera formado gobierno hace un año, en las mismas condiciones en las que se ha formado hace un mes. Por tanto, no toda la responsabilidad es del Partido Popular sino también del PSOE. Y, por supuesto, de la aún pendiente reforma de las administraciones públicas que no se atreven a acometer los partidos políticos y que suponen el gran agujero negro por el que se malogran muchos miles de millones de euros que pagamos los contribuyentes con el sudor de nuestra frente.

Las empresas y la clase media, los paganini de siempre que pagan los platos rotos de la ineficacia política, no se oponen a contribuir a reducir el déficit público. Se oponen a malgastar a nuestra costa el dinero, una vez más. Porque no se vislumbra un plan completo de equilibrio de nuestras cuentas nacionales, hasta que no se detenga la sangría de las administraciones públicas. Las empresas son el motor de la economía de un país. Y la recuperación económica viene de la mano de las sociedades. Si las penalizamos más, difícil nos lo ponéis.  Es sangrante, por ejemplo, la reducción de las deducciones por doble imposición o por las pérdidas por deterioro de participaciones y, además, con efecto retroactivo.  No es de extrañar que la CEOE haya sacado el hacha de guerra. Ya era hora. Cristobal Montoro es un excelente académico y maniobrero de grandes cuentas, pero desde luego sería un pésimo empresario porque no ha calculado los efectos nocivos de esta medida impositiva. ¿No hay otras alternativas?

Esta entrada ha sido creada en Clave de luna, General y etiquetada como , , , , , , , . Marca el permalink. Los Trackbacks están cerrados, pero puedes enviar un comentario.

Envía tu comentario

Su correo nunca será publicado o compartido. Los campos obligatorios están marcados con *

*
*