La desigualdad del impuesto de sucesiones

El Impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía no es ni el mayor impuesto ni mucho menos el más decisorio para las arcas públicas, pero sí que tiene una parte muy injusta, otra que es mentira y otra que está desaprovechada en favor del crecimiento económico y el empleo. Con todo el respeto que me merecen las opiniones contrarias, en el caso de que provengan de la autoridad competente, tendrían que demostrar con razonamientos sólidos y datos su postura. Porque, en caso contrario, la negativa a suprimir o reducir –que esto sí puede hacer la Junta de Andalucía- este tributo se basaría únicamente en una posición ideológica y, por tanto, sectaria.

Es injusto pagar dos veces por lo mismo. Los padres y los herederos. Se supone que es violar un principio constitucional, pero aquí seguimos pagando y mucho más que la media. El máximo, de hecho, en el Estado Español. Es como si vas a la panadería y tu madre compra una barra de pan. Ahí paga un impuesto. Llega a casa y los hijos comen de esa barra de pan. ¿Se imaginan que tuvieran que pagar otro impuesto por comer de esa barra?  Pues, así se comporta el impuesto de sucesiones. Esta es la parte injusta. Y confiscatoria. Con esto debería ser suficiente. Pero sigamos.

Hay otra que es mentira. Y me refiero al bulo según el cual este es un impuesto para ricos. Falso. Es un impuesto para la clase media trabajadora y ahorradora. Para los profesionales por cuenta ajena, profesionales liberales, funcionarios, autónomos. Para los emprendedores. Es decir, para aquellos que quizá no pueden pagarlo.

Vamos a la parte que podemos aprovechar para desarrollar el crecimiento económico y que, sin embargo, penalizamos con este impuesto. Quien más gane que más pague. A este principio no podemos oponernos, porque parece justo. Ahora bien, el impuesto de sucesiones y donaciones penaliza a quienes tienen la capacidad de generar nuevos negocios, nuevas fuentes de trabajo y empleo. A esos pequeños emprendedores autónomos o profesionales por cuenta ajena que deciden hacerse pequeños empresarios aprovechando la herencia de sus progenitores. ¿Acaso los padres no ahorran precisamente para dar nuevas oportunidades a sus hijos? Este impuesto los penaliza al tener que pagar elevadas cantidades por una casa, un pequeño terreno, que bien se pudieran utilizar para generar nuevas actividades económicas. He aquí el quid de la cuestión. Estos pequeños empresarios en potencia, se ven obligados a perder parte de lo recibido o renunciar a su legítima herencia por no disponer de tesorería para pagar ese impuesto. Y aquí se acaba la esperanza para aquellos que podrían emprender.

Con este impuesto la Junta se asegura una recaudación a corto plazo de unos 400 millones, y evita la generación de actividad económica a medio y largo plazo que supondrían mayores ingresos tributarios para la Junta de Andalucía, acompañado de mayor generación de empleo. Este impuesto, además, agudiza las desigualdades entre los que más tienen y los que no tiene tanto, porque penaliza a estos últimos y los condena a seguir como siempre han estado.

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