El protagonismo de los impuestos

Una de las promesas realizadas en el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos para que el primero formara gobierno en Andalucía contando con el apoyo del segundo era la reducción sustancial del impuesto de sucesiones y donaciones en la comunidad, uno de los más altos de España y claramente discriminatorio respecto a otros territorios. Puesto que este impuesto es de los cedidos por el Estado, cada comunidad autónoma puede regular el nivel con el que se grava a los ciudadanos. Es decir, que es suficiente con la voluntad política del gobierno de turno. Después de un ligerísimo retoque del impuesto, la Junta de Andalucía se ha negado reiteradamente a modificarlo. Al fin, el partido naranja, por mediación de su secretario general, Juan Marín, se ha plantado y ha dicho que, o se modifica en una semana o no habrá ley de presupuestos.

Cada vez gusta más entre la población –gracias a Dios- la coherencia de los políticos y el cumplimiento de sus promesas, aunque no sean siempre del agrado de todos. Hay un hartazgo considerable, y muy razonable, hacia las buenas intenciones, hacia las declaraciones momentáneas cambiantes –ahora digo sí, ahora digo no-, hacia la falsedad, en una palabra. Por eso Ciudadanos –entiendo que con buen criterio- ha dicho a su socio socialista que hasta aquí hemos llegado. O se cumple lo pactado o cumplimos con nuestra promesa de retirar nuestro apoyo al gobierno.

En el último año es cierto que quien ha llevado la voz cantante más sonante respecto a la necesidad de quitar o reducir este impuesto hasta niveles no dañinos para los herederos ha sido el PP. Un empeño que ha llevado a mostrar a la sociedad andaluza y nacional que, efectivamente, no es un impuesto solo para ricos, sino que perjudica incluso más a quienes no tienen suficiente para obtener lo que les pertenece por derecho natural. ¿Y qué dice el derecho natural en este caso? Que lo que es de tu familia es tuyo y nadie tiene derecho a arrebatártelo. Es la continua tensión entre el derecho positivista –realizado en los despachos para ordenar la sociedad y que ha llegado a ser asfixiante- y el derecho natural –que nace con naturalidad de la vida misma y de la dignidad de la persona-. Y, evidentemente, el derecho positivo tiene que respetar al derecho natural. Porque si no, se producen antes o después, situaciones de verdadera injusticia que clama a todos los cielos. Y este es el caso del impuesto de sucesiones.

Este impuesto va a ser el protagonista de este inicio de curso político. Al menos en Andalucía. Siempre y cuando la Junta de Andalucía no sea capaz de taparlo con su propia agenda política que sitúa a la financiación de las comunidades autónomas como el elemento clave para la supervivencia de los servicios públicos básicos en Andalucía. Con esta dureza se ha expresado casi literalmente la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Evidentemente, este es un aspecto crucial para toda comunidad autónoma –y ya tendremos tiempo de analizarlo más adelante- pero no es incompatible con la reducción del impuesto de sucesiones. Es incompatible con la mala gestión de los recursos o con criterios arbitrarios de asignación de esos mismos recursos.

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